La presentación del programa financiero para 2026 y 2027 permitió al Gobierno despejar parte de las dudas sobre el cronograma de pagos de la deuda y generó una reacción favorable en los mercados. El riesgo país cayó 13 puntos y quedó muy cerca de perforar la barrera de los 400 puntos básicos, un nivel que no alcanzaba desde hace varios años.

Sin embargo, detrás de esa primera respuesta positiva, distintos analistas comenzaron a poner la lupa sobre el esquema previsto para 2027. Si bien consideran que el programa es viable, advierten que descansa sobre una serie de supuestos que podrían verse afectados por el contexto político y económico de un año electoral.

Según un informe de GMA Capital, las necesidades brutas de financiamiento previstas para 2027 alcanzarán los US$24.900 millones, unos US$5.700 millones más que las estimadas para 2026. El aumento se explica principalmente por el mayor volumen de vencimientos de capital, que pasará de US$9.300 millones a US$15.700 millones.

Para afrontar esos compromisos, el Gobierno proyecta utilizar distintas fuentes de financiamiento. Entre ellas aparecen un superávit financiero estimado en US$3.700 millones que quedaría disponible desde 2026, la compra de US$4.900 millones al Banco Central y emisiones en el mercado local por alrededor de US$5.000 millones.

A diferencia del programa vigente para este año, el plan para 2027 ya no contempla nuevos créditos garantizados por organismos internacionales. Sí prevé desembolsos por unos US$5.900 millones y suma otros US$2.000 millones identificados como "otras fuentes de financiamiento", aunque el Gobierno todavía no precisó de dónde provendrían esos recursos. En el mercado no descartan que correspondan a futuras colocaciones de deuda en el exterior.

Desde GMA Capital señalaron que, si todas esas variables se cumplen, las fuentes de financiamiento alcanzarían para cubrir la totalidad de las obligaciones previstas, dejando un balance financiero equilibrado. Sin embargo, remarcaron que el esquema tendría un margen mucho más reducido para absorber cualquier desvío respecto de las proyecciones oficiales.

Una visión similar planteó la consultora 1816. Sus analistas advirtieron que el programa contempla utilizar el excedente financiero proyectado para 2026, lo que implicaría una primera presión sobre las reservas internacionales durante 2027. A eso se suma la intención del Ministerio de Economía de adquirir US$4.900 millones al Banco Central para afrontar vencimientos, lo que elevaría la demanda total sobre las reservas netas a aproximadamente US$8.600 millones.

Pese a esas observaciones, desde esa consultora consideran que el plan es ejecutable y sostienen que, si el riesgo país continúa descendiendo, el Gobierno podría aprovechar el escenario para regresar al mercado internacional con una nueva colocación de deuda durante el segundo semestre, una posibilidad que el propio equipo económico no descarta.

Por su parte, la consultora Outlier puso el foco en el componente político del programa. Sus especialistas consideran que el esquema proyectado para un año de elecciones presidenciales es exigente y entienden que sería conveniente resolver buena parte de las necesidades de financiamiento durante la primera mitad de 2027, antes de que la campaña electoral pueda afectar las condiciones del mercado.

Entre los principales desafíos identificados por los analistas aparecen la necesidad de seguir acumulando reservas para que el Tesoro pueda comprar divisas al Banco Central, la capacidad del mercado local para continuar refinanciando deuda en dólares bajo legislación argentina y los vencimientos de los Bopreal, que podrían agregar una demanda adicional de hasta US$4.400 millones en moneda extranjera y que no figuran expresamente dentro del programa presentado.

En ese contexto, los especialistas coinciden en que el principal desafío para el esquema financiero no radica únicamente en la disponibilidad de recursos, sino en la estabilidad política y económica que acompañe su ejecución. Consideran que una eventual continuidad del actual rumbo facilitaría el cumplimiento del programa, mientras que un escenario de mayor incertidumbre electoral podría complicar la refinanciación de la deuda, la acumulación de reservas y el acceso al financiamiento. Para los analistas, más que un problema de solvencia, el mayor riesgo del plan para 2027 dependerá del escenario político que enfrente el Gobierno durante un año clave para el calendario electoral.