La conjueza María Jimena González Pina, asignada al caso de violencia de género y abuso sexual contra el exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino, rechazó la recusación de la querella. Sin embargo, la decisión final recaerá en el Tribunal Penal Colegiado.

Esta resolución surge en medio de un nuevo pedido de detención de D'Agostino por parte de la abogada querellante, María Elena Quintero, quien argumenta que el exfuncionario interfiere en la investigación y presenta riesgos procesales. D'Agostino está imputado por coacciones en un contexto de violencia de género y portación ilegal de arma de fuego, y aunque no ha sido acusado formalmente, la mujer también lo denunció por presunto abuso sexual.

La querella había recusado a la conjueza argumentando falta de imparcialidad, dado que González Pina es postulante a cargos judiciales permanentes y su continuidad podría verse influenciada por estamentos políticos vinculados al caso. Además, cuestionaron la legalidad y transparencia de su designación, señalando que la acordada de la Suprema Corte no se publicó en el Boletín Oficial.

González Pina rechazó estos argumentos, afirmando que no hay pruebas objetivas de parcialidad y que su condición de conjueza, designada conforme a la legislación vigente, le permite actuar como Juez Natural. La magistrada enfatizó la seriedad de una recusación y calificó los argumentos de la querella como "especulaciones carentes de respaldo". También citó fallos que avalan las designaciones interinas de conjueces y descartó que su nombramiento dependa de una actuación particular en esta causa.

A pesar del rechazo, el expediente será remitido al Tribunal Penal Colegiado para su revisión definitiva.

Paralelamente, la querella solicitó nuevamente la detención de D'Agostino, presentando nuevos elementos que, según Quintero, demuestran interferencias en el proceso penal y un riesgo para la investigación. Entre las acusaciones se incluyen la filtración de información reservada, el uso irregular de organismos estatales para intervenir sobre familiares de testigos, y la reactivación sospechosa de un expediente civil archivado. La querella también insistió en el riesgo de fuga de D'Agostino, no por intentos previos de evasión, sino por su acceso a estructuras estatales y judiciales y su red de contactos políticos. Se denunciaron presiones sobre testigos y la difusión de información reservada, solicitando la investigación de posibles responsabilidades penales de autoridades administrativas y medidas de protección para los testigos.