El Presidente, además, les prohibe utilizar su bandera dentro de los parques nacionales.
Luego de recuperar las tierras de lago Mascardi, cedidas por la gestión de Alberto Fernández a los grupos que se autoperciben "mapuches", el gobierno de Javier Milei está impulsando el desalojo de otras tierras usurpadas por esas comunidades en diferentes Parques Nacionales.
Esta medida se enmarca en una política de endurecimiento frente a los mapuches de la Patagonia, que incluye la prohibición del uso de la bandera wiphala en los parques nacionales y la revisión del estatus de comunidad indígena otorgado por el kirchnerismo a 221 nuevos grupos en los últimos cuatro años.
Días atrás fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien anunció la anulación de la concesión de dos hectáreas de tierras en el lago Mascardi, ubicado al sur de Bariloche y perteneciente al Parque Nacional Nahuel Huapi.
Estas tierras habían sido entregadas a una agrupación llamada Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad, liderada por el abogado Franco Dellavalle, quien tiene vínculos políticos con Juan Grabois.
El gobierno de Javier Milei anunció que va a restituir a Parques Nacionales dos hectáreas de tierras ubicadas a orillas del lago Nahuel Huapi que habían sido entregadas en usufructuo en 2021 por un lapso de 10 años a una agrupación llamada Fundación Arcangel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad
Cristian Larsen, flamante titular de Administración de Parques Nacionales (APN), ha comenzado a revisar la posición de la institución en varios juicios por usurpación, en los cuales el gobierno kirchnerista había establecido una mesa de diálogo para alcanzar acuerdos extrajudiciales.
Uno de los casos en los que APN figura como querellante es el titulado “Jaramillo, Luciana Martha y otros s/usurpación (art.181/inc.1) solicitante: Araya, Natalia y otros expte n.º 26511/2017”. Este caso investiga la ocupación ocurrida en noviembre de 2017 en Villa Mascardi, involucrando a miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
En esta causa se presentó una propuesta alternativa al juicio, surgida de una denominada “mesa de diálogo” propuesta por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Esta iniciativa fue homologada por el juez subrogante de Bariloche, Hugo Grecca. Sin embargo, el fiscal se opuso a la homologación del acuerdo y ahora el tema debe ser resuelto por la sala I de la Cámara de la Casación Penal.
Si la Cámara de Casación decide dar lugar al recurso del fiscal, es decir, anular la homologación del acuerdo, APN seguirá siendo parte querellante en el debate oral que ya había comenzado para el desalojo completo, a pesar de los argumentos que señalen la presencia de "tierras sagradas" para los mapuches en la zona.