Encabezados por Graciela Ocaña (Confianza Pública), diputados de Juntos por el Cambio denunciaron penalmente al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Sergio Massa, a los que acusaron de generar un “vaciamiento” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados al decretar el canje forzoso de bonos en dólares. La denuncia se extiende a la titular de la Anses, Fernanda Raverta, así como a todos los funcionarios y autoridades de organismos públicos que participen en la operatoria.

Ocaña acusa a Fernández, Massa y Raverta por los delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. En paralelo, presentó un amparo para que la Justicia suspenda la aplicación de los decretos 163/23 y 164/23 que implementaron la medida.

Además, Ocaña lanzó una petición para juntar firmas contra la medida a través de la plataforma Change.org. “Sergio Massa fue capaz de hipotecar la vida y el futuro de los jubilados con tal de ganar unos días más de oxígeno en el poder ¡No lo vamos a permitir!”, advierte allí la diputada.

La denuncia penal fue acompañada por los diputados de Juntos por el Cambio Victoria Cornejo, Ana Clara Romero, Pablo Torello, Hernán Lombardi, Fernando Iglesias, Soher El Sukaria, Ingrid Jetter, Sabrina Ajmechet y María Inés Quirós. El amparo sumó las firmas de Gabriel Mraida, José Núñez, Dina Rezinovsky, Alejandro Finocchiaro, junto a cuatro jubilados que se consideraron damnificados.

Los denunciantes consideran que la operatoria dispuesta por el Gobierno para intentar controlar el precio de los dólares financieros en medio de la caída de reservas del país, “no solamente será nefasta para todos los contribuyentes”, sino que viola por la vía de un decreto presidencial el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece que las jubilaciones estarán “a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica”.

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“A través de los DNU se produce un desfalco de fondos públicos mediante un feroz endeudamiento que comprometerá el futuro de los argentinos”, advierten los denunciantes, para señalar que “todos los organismos, entes descentralizados y empresas del Estado se ven forzados a un canje de sus tenencias dolarizadas por títulos en pesos y bajo jurisdicción local. Un claro detrimento a las condiciones legales y al valor”.

Los diputados apuntan además a las consecuencias ruinosas en el corto y largo plazo de la operatoria. “Los DNU imponen su venta forzada [de los títulos] en condiciones de mercado ruinosas (cotizan actualmente a una fracción de su valor nominal) para transferir el 70% de su producido a las arcas estatales, con el objeto de financiar su déficit irresponsable y sostenido. Todo ello a expensas del ahorro de los jubilados, los contribuyentes y la sociedad”, señalan.

Luego, posan la mirada en quienes podrían salir beneficiados. “En la misma medida que estas acciones implican un perjuicio ruinoso para el sector público, representan un premio para ciertos actores privilegiados del sector privado, que podrán adquirir a precio de descuento los títulos de la deuda soberana en dólares y vendidos por la fuerza”, agregan los denunciantes.

Advierten, además, sobre el contexto internacional en el que se da la medida del Gobierno: “En tiempos de crisis financiera internacional, en que los ahorristas huyen de las inversiones de riesgo y se refugian en moneda fuerte, el Estado Nacional fuerza a las entidades autónomas y sociedades que integran el sector público, a confiarle sus activos dolarizados y la liquidez que por su realización se obtenga, contra títulos en pesos. Son magras las garantías de sustentabilidad que puede ofrecer una economía hiperinflacionaria y un Estado Nacional sumido en el mayor de los descréditos”.

Finalmente, subrayan el objetivo político y electoral detrás de la medida impulsada tanto por albertistas, massistas y kirchneristas. “La hipoteca del futuro de los argentinos se firma contra la expectativa de unas semanas de frágil estabilidad cambiaria y financiamiento de gastos para soportar un proceso electoral en condiciones artificialmente ventajosas”, concluyen los diputados.

La denuncia y el pedido de amparo, anunciado por Patricia Bullrich días atrás, se suma a otra presentación judicial que hizo la Fundación Apolo, en la que se referencian dirigentes como Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán. En ese caso, los republicanos fueron a la Justicia contra el presidente Alberto Fernández y Massa, a quienes los acusaron de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.