El diputado nacional Pablo Juliano presentó un proyecto de resolución para que el canciller Pablo Quirno brinde explicaciones ante el Congreso sobre el ingreso del senador brasileño Flávio Bolsonaro a la Argentina y su posterior salida hacia Estados Unidos en un avión privado. La iniciativa busca determinar si funcionarios del Gobierno de Javier Milei participaron en el operativo.

El paso de Flávio Bolsonaro por territorio argentino generó repercusiones políticas y llegó a la Cámara de Diputados, donde el legislador Pablo Juliano presentó un pedido de interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, para esclarecer las circunstancias del traslado del dirigente brasileño.

El proyecto solicita que el canciller comparezca personalmente ante la Cámara baja y explique si las autoridades argentinas tenían conocimiento de la presunta prohibición judicial que impedía a Bolsonaro abandonar Brasil, dispuesta por el Supremo Tribunal Federal de ese país.

Además, busca establecer si existieron comunicaciones diplomáticas, solicitudes de cooperación judicial o gestiones oficiales vinculadas con el ingreso del legislador brasileño por Puerto Iguazú y su posterior viaje hacia Estados Unidos

El rol de Santiago Caputo en el traslado de Bolsonaro

Uno de los puntos centrales de la iniciativa está relacionado con la presunta participación del asesor presidencial Santiago Caputo, cuya posible presencia en Puerto Iguazú durante el operativo es mencionada en el documento.

En este sentido, Juliano solicita determinar si el funcionario mantuvo contacto con Flávio Bolsonaro o si intervino en la organización del vuelo privado que permitió su salida del territorio argentino.

El pedido también apunta a esclarecer si la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) participó en el traslado desde la frontera hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú y si se utilizaron vehículos oficiales, personal estatal u otros recursos públicos para facilitar el desplazamiento.

Otro de los aspectos bajo análisis es la contratación de la aeronave operada por Baires Fly S.A., empresa vinculada al empresario Sergio Daniel Mastropietro, cuyo nombre aparece mencionado en investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El diputado exige conocer quién contrató el servicio aéreo, cómo se financió y si existió alguna intervención de funcionarios nacionales en su organización.