El Gobierno nacional decidió descartar, por el momento, la presentación de una protesta formal ante Chile a raíz de las polémicas declaraciones del ministro de Defensa del vecino país, Fernando Barros Tocornal. El funcionario había defendido durante el fin de semana el derecho chileno a comerciar con las Malvinas -a las que también denominó bajo el nombre británico de Falklands- y reivindicó el respeto a la voluntad de los isleños.

Desde Balcarce 50 minimizaron inicialmente el impacto diplomático al señalar que "es el ministro de Defensa de Chile, tiene derecho a decir lo que quiera y en todo caso habrá una conversación entre cancillerías". En la misma línea, remarcaron que, mientras no se verifique "un cambio efectivo en la política de Chile en torno a Malvinas, no ameritarán medidas". No obstante, aclararon que si eso llegara a suceder, el Ejecutivo "hará lo que tenga que hacer".

El malestar en Cancillería

Aun con la decisión de evitar una confrontación directa, las declaraciones causaron ruido puertas adentro, especialmente en medio de la reciente escalada diplomática iniciada a principios de septiembre. En aquella ocasión, el Gobierno ratificó su reclamo soberano sobre el archipiélago y anunció un paquete de sanciones contra aquellas empresas que participen en la explotación de recursos en la zona disputada.

Desde la Cancillería admitieron el descontento: "Que un ministro de un país amigo, con la posición histórica sobre Malvinas, las mencione con la denominación inglesa, todo mal. Sumado a que reivindica el principio de autodeterminación de los isleños, que nosotros no, doble agravante".

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La Oficina del Presidente informó que instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar el procedimiento previsto en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. También intimó al Reino Unido a frenar las actividades en un plazo de dos semanas.

Pese a este traspié, la administración libertaria busca preservar el vínculo con la gestión de José Antonio Kast, con quien Milei comparte una estrecha sintonía ideológica y personal. Ambos líderes mantuvieron un encuentro a principios de septiembre en Santiago, donde Kast ratificó el respaldo chileno al reclamo argentino y abogó por la reanudación de negociaciones con el Reino Unido.

El trasfondo de la tensión: comercio y conectividad

Las declaraciones de Barros Tocornal en una entrevista con Polar TV de Magallanes pusieron en duda el alcance de ese alineamiento. Si bien el ministro ratificó el apoyo formal a la pretensión soberana argentina, argumentó que existe una "situación de hecho" debido a que el Reino Unido ejerce soberanía sobre las islas desde hace dos siglos, amparándose en el derecho internacional y la voluntad de los habitantes locales.

El punto de fricción más sensible radica en el proyecto de habilitar un corredor marítimo entre Punta Arenas y las Malvinas. A comienzos de septiembre, la naviera chilena Eastern Islands concretó un acuerdo con las autoridades isleñas para conectar ambos puntos, una iniciativa defendida por Barros Tocornal bajo el argumento de que la región de Magallanes tiene "el derecho de ejercer el comercio".

Asimismo, el ministro se refirió a la exploración de hidrocarburos -uno de los ejes de conflicto tras las sanciones impuestas por Buenos Aires- y puso en tela de juicio los compromisos asumidos por Chile en el marco del Mercosur. Al respecto, reconoció que los posicionamientos en foros regionales como el Mercosur y la Unasur son "de carácter político y no obligatorios legalmente", lo que abre interrogantes sobre la postura chilena frente a los acuerdos históricos orientados a restringir el apoyo logístico y portuario a los buques vinculados con las islas.

Mientras las autoridades locales y la Cancillería evalúan cómo conjugar estos factores, desde el sur chileno el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, restó peso institucional al entendimiento, calificándolo semanas atrás como un simple "acuerdo entre privados".