Perú protagoniza este domingo una jornada cívica determinante y de pronóstico reservado. En una de las elecciones más polarizadas de su historia reciente, el país andino define en segunda vuelta quién conducirá los destinos de la nación para el período 2026-2031. El menú electoral expone dos proyectos ideológicamente antagónicos: por un lado, la derechista Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, quien compite por cuarta vez en un balotaje presidencial; por el otro, el izquierdista Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú y exministro de Comercio Exterior y Turismo del destituido Pedro Castillo.

El escenario llega marcado por una extrema paridad. Según los últimos estudios de opinión de firmas internacionales y locales, los postulantes se encuentran en un estricto empate técnico. Sin embargo, el factor decisivo de la jornada radica en el volumen de ciudadanos que aún no han definido su postura: mientras que en los comicios presidenciales de 2021 el voto en blanco y nulo representó el 6,5%, las estimaciones previas a este domingo elevan esa cifra hasta un histórico 25%, reflejando una profunda desconexión y desconfianza de la sociedad hacia la oferta partidaria actual.

El nuevo mandatario, que asumirá sus funciones formalmente el próximo 28 de julio, heredará una estructura política severamente fragmentada. Desde el año 2016, Perú ha tenido ocho jefes de Estado, lo que arroja una duración promedio de apenas un año y dos meses por gestión. Este fenómeno responde a partidos políticos con escasa densidad doctrinaria, alianzas parlamentarias volátiles y un Congreso con altos niveles de desaprobación que ha recurrido de forma sistemática a los mecanismos de vacancia presidencial. La dispersión del electorado quedó de manifiesto en la primera vuelta de este proceso, donde compitieron más de 30 fórmulas presidenciales. Fujimori accedió al balotaje liderando el escrutinio con poco más del 17% de los sufragios válidos, escoltada por Sánchez con un 12%, desplazando por un estrecho margen al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. 

La contienda electoral se desarrolla bajo una marcada dualidad. En términos macroeconómicos, Perú muestra una estabilidad técnica envidiable para la región: el Producto Bruto Interno (PBI) registró un crecimiento del 3,4% en 2025 y las proyecciones oficiales para el presente año contemplan una expansión de entre el 2,7% y el 3,2%, complementado con una inflación que cerró el período anterior en un 1,5% interanual.

No obstante, esta solidez fiscal no logra aplacar el descontento social, motorizado por un fuerte deterioro de la seguridad ciudadana en las calles. La criminalidad se ha instalado como la principal preocupación de la población debido a una ola inédita de homicidios que alcanza una tasa de 10,7 casos por cada 100.000 habitantes, sumada a una escalada de extorsiones y redes de sicariato que golpean diariamente al sector del transporte y a los pequeños comercios. Las masivas movilizaciones de los últimos meses exigen respuestas operativas urgentes a una dirigencia que este domingo se juega su legitimidad en las urnas.