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El Ministerio de Seguridad formalizó la denuncia por espionaje ilegal contra Rodolfo Tailhade

La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. 

Martes, 5 de Mayo de 2026

El Ministerio de Seguridad formalizó la denuncia contra el diputado del kirchnerismo Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes de la cartera.

La causa está en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

La presentación está firmada por el Subsecretario Legal, Diego Goldman, y la Directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio.

La denuncia, en violación de la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520), tuvo lugar a días del informe de gestión que tuvo lugar el pasado miércoles 29 de abril, en el que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ensayó una especie de línea argumental sobre su situación patrimonial y los viajes que abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. 

Durante las más de seis horas que duró la exposición, el diputado Tailhade dio detalles sobre supuesto movimientos en la vida privada de Bettina Angeletti, la esposa del funcionario. Desde el recinto, el legislador denunció que Angeletti utiliza la custodia oficial para salir por la noche con amigas. 

Luego el diputado kirchnerista insistió y dijo que, en septiembre de 2025, la coach ontológica viajó en primera clase a Madrid con cinco "mamis del colegio" y que se hizo cargo de los pasajes y la estadía. 

"Resulta significativamente preocupante que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cóyunge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional", puntualiza la denuncia, y completa: "Aún más grave resulta que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y logistica funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del Jefe de Gabinete y su familia". 

Para la cartera que comanda Alejandra Monteoliva, la información revelada presenta "severos riesgos para la Seguridad Nacional y amertira ser investigada". Por eso, solicita que la Justicia investigue cómo obtuvo el legislador la información, detecte si hubo participación de terceros o estructuras estatales y constante si se cometieron delitos previstos en la ley de inteligencia. 

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