En un intento por retomar la iniciativa política y alejar el foco de sus conflictos personales, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará el próximo viernes a las 14:00 una reunión con los ministros en la Casa Rosada. 

El encuentro se produce en un escenario de extrema sensibilidad para el funcionario, quien enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que sumó este lunes un testimonio clave en los tribunales de Comodoro Py. El arquitecto Matías Tabar, responsable de las reformas en la casa del country Indio Cuá, declaró que las obras costaron u$s245.000 y fueron abonadas por Adorni en efectivo y sin facturas, aportando además su teléfono celular para peritar conversaciones que habrían sido parcialmente borradas.

La convocatoria de este viernes busca dar una señal de normalidad y "empoderamiento" de la figura del jefe de Gabinete, siguiendo la línea trazada por Javier Milei en el último encuentro de abril. En aquella oportunidad, el Presidente no solo ratificó su respaldo a Adorni, sino que ordenó a todos los ministros centralizar las demandas de gestión a través de su oficina, consolidándolo como el nexo principal del Ejecutivo. 

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Esta mañana en Comodoro Py, el contratista a cargo de la obra, Matías Tabar, declaró que recibió ese pago en efectivo y sin factura.

Tras la salida de Milei y su hermana Karina de esa reunión, Adorni quedó al mando del equipo, un gesto que el mandatario parece dispuesto a repetir para blindar a uno de sus hombres de mayor confianza frente a la presión de la Justicia y la opinión pública.

Sin embargo, el contexto del oficialismo es complejo. Mientras el Gobierno intenta reactivar su agenda legislativa y recuperar protagonismo político, la situación de Adorni se vuelve un frente de desgaste constante. 

El presidente Milei viajará esta semana a Estados Unidos para disertar en el Instituto Milken el miércoles, y su participación en la reunión del viernes aún no está confirmada. Esto deja a Adorni nuevamente ante el desafío de conducir el gabinete mientras los investigadores judiciales intentan reconstruir el flujo de fondos de sus gastos millonarios para determinar si son compatibles con sus ingresos declarados como funcionario público.