El Gobierno nacional salió al cruce de las nuevas revelaciones en la investigación judicial por el patrimonio de Manuel Adorni, negando de forma tajante que el jefe de Gabinete haya desembolsado US$ 245.000 en la remodelación de su casa en el country Indio Cuá. 

Fuentes cercanas al funcionario calificaron la cifra como "inexacta" y aseguraron que el valor de la propiedad no se condice con semejante inversión. En un intento por desactivar el impacto del testimonio, la Jefatura de Gabinete anticipó que podría solicitar una pericia técnica y una inspección ocular para determinar el costo real de las obras, a la vez que advirtieron sobre posibles acciones legales contra el contratista si se comprueban inconsistencias en sus dichos.

La reacción oficial surge tras la explosiva declaración testimonial de Matías Tabar, el arquitecto del grupo Alta Arquitectura a cargo de las renovaciones en la vivienda de Exaltación de la Cruz. Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, Tabar afirmó este lunes haber recibido del propio Adorni pagos en efectivo y sin factura por un total de US$ 245.000 (abonados en dos tramos entre 2024 y 2025). 

Según el arquitecto, los trabajos incluyeron una cascada en el jardín, una pileta climatizada, un jacuzzi y reformas en interiores. Además, reveló que el funcionario destinó otros US$ 13.000 al alquiler de una vivienda temporal dentro del mismo barrio privado mientras se ejecutaba la obra.

Un punto crítico de la jornada fue la revelación de un presunto contacto previo entre el funcionario y el testigo. Tabar exhibió ante la Fiscalía conversaciones de WhatsApp con mensajes temporales en las que Adorni, supuestamente, le ofrecía "ayuda" o el contacto de su equipo antes de presentarse en Comodoro Py, ofrecimiento que el contratista rechazó para evitar sospechas de una estrategia común. 

Mientras el entorno de Adorni sostiene que el arquitecto nunca entregó las facturas prometidas, la causa sumará este miércoles el testimonio de Leandro Miano, vinculado a las jubiladas acreedoras del funcionario, en una investigación que busca determinar si el nivel de vida del jefe de Gabinete se ajusta a sus ingresos declarados.