Pasaron once años. Once. Y todavía, cuando se nombra a Alberto Nisman, algo cruje en la conciencia institucional de la Argentina. Porque no estamos hablando de una muerte cualquiera. Estamos hablando del fiscal que investigaba el atentado más grave de nuestra historia, el de la AMIA, y que apareció muerto horas antes de presentarse en el Congreso para denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a parte de su gobierno.

Nisman no estaba investigando un robo menor ni una causa de ocasión. Estaba siguiendo una pista incómoda, pesada, peligrosa. Había acusado al poder político de encubrir a los responsables iraníes del atentado a la AMIA a través del famoso Memorándum con Irán. Según su investigación, ese acuerdo no buscaba justicia, sino levantar alertas rojas de Interpol y recomponer relaciones comerciales. Palabras mayores. Una denuncia explosiva.

El 18 de enero de 2015 lo encontraron muerto en el baño de su departamento, con un tiro en la cabeza. Desde ese mismo momento, todo lo que no debía hacerse en una escena del crimen, se hizo. El departamento se llenó de gente. Entraron funcionarios, custodios, amigos, peritos. Se movieron cosas, se pisaron rastros, se perdió evidencia clave. La escena quedó irremediablemente contaminada. Y eso no es una opinión: lo dijeron expertos, pericias posteriores y hasta fallos judiciales.

Once años después, no hay responsables por el crimen. Pero tampoco hay responsables por semejante negligencia. Nadie pagó por haber arruinado la escena. Nadie dio explicaciones serias. Nadie pidió perdón. Y eso también es parte del problema.

El gobierno de Cristina Fernández miró para otro lado. Peor aún: intentó instalar durante años la idea del suicidio, desacreditó al fiscal, atacó su figura, cuestionó su trabajo y hasta se burló del caso. Todo mientras ella y su administración eran los principales señalados en la denuncia que Nisman iba a exponer ante los diputados.

La Justicia, lenta, fragmentada, temerosa o cómplice, tampoco estuvo a la altura. Recién años más tarde se consolidó la hipótesis de homicidio. Demasiado tarde. Con demasiadas pruebas perdidas en el camino.

Nisman no es solo un nombre. Es un símbolo. El símbolo de lo que pasa cuando el poder político se siente intocable, cuando la verdad molesta y cuando la impunidad se vuelve costumbre. Once años después, la herida sigue abierta. Y mientras no haya verdad ni justicia, la democracia argentina también sigue en deuda.