La Justicia Federal comenzó a avanzar formalmente en la investigación sobre la ayuda que el Gobierno le habría brindado a Flávio Bolsonaro para escapar de Brasil rumbo a Estados Unidos. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó este jueves una serie de medidas preliminares para determinar si la administración de Javier Milei encubrió la fuga del excandidato  a través de territorio argentino.

En paralelo, en los tribunales de Comodoro Py se avanza en la unificación de las distintas denuncias presentadas en los últimos días por referentes de la oposición, entre ellas las impulsadas por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y el diputado nacional Esteban Paulón. La causa apunta a esclarecer posibles irregularidades en los controles fronterizos y a dilucidar el grado de injerencia de funcionarios nacionales en el traslado.

La decisión de la magistrada se produjo tras hacer lugar al pedido de la fiscal Paloma Ochoa. Entre las medidas dispuestas, Capuchetti le exigió a la Cancillería -a cargo de Pablo Quirno- que informe si recibió alertas o requerimientos previos vinculados con la situación judicial del senador brasileño, a quien la justicia de su país le había requerido los pasaportes el pasado lunes.

Asimismo, se solicitó un informe detallado a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los procedimientos de control aplicados. La investigación también busca esclarecer las sospechas sobre un operativo de custodia especial que habría coordinado el asesor sin cargo Santiago Caputo, utilizando vehículos de la Entidad Binacional Yacyretá y agentes de la SIDE.

Para reconstruir el itinerario, la jueza requirió las grabaciones de las cámaras de seguridad a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Aeropuertos Argentina.

De acuerdo con la investigación, el dirigente opositor a Lula ingresó al país durante la noche del martes 27 de octubre junto a su esposa y sus dos hijas a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, en Misiones. En el ingreso, la familia utilizó documentación brasileña, mientras que para la salida posterior hacia Miami, el exlegislador se trasladó utilizando un pasaporte italiano.

Ante los cuestionamientos opositores, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el procedimiento y aseguró públicamente que el tránsito de Bolsonaro por el país se ajustó a la legalidad debido a que "no había impedimento de Interpol". Con las nuevas medidas dispuestas por Capuchetti, la Justicia buscará determinar si existió una colaboración estatal irregular para facilitar la salida del dirigente eludiendo a la justicia brasileña.