En medio de una intensa controversia política e institucional, la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Beatriz De Marinis, defendió públicamente su resolución que declaró la inconstitucionalidad del artículo 1.º de la Ley 27.801 para un caso concreto y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La magistrada respondió a los cuestionamientos promovidos desde el Gobierno nacional y al pedido de jury de enjuiciamiento impulsado por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, ante el Consejo de la Magistratura, aclarando de manera categórica que su pronunciamiento no anula la norma de manera general ni representa un mensaje de impunidad para el sistema penal.

La jueza explicó que la resolución obedeció a un planteo específico interpuesto por la defensa oficial con adhesión de la Asesoría Tutelar, anclado estrictamente a las circunstancias de un hecho donde un grupo de menores persiguió a un hombre de 47 años en la vía pública sin causarle lesiones ni ejercer violencia física directa antes de la intervención policial. En ese sentido, De Marinis remarcó que la nueva ley de responsabilidad penal juvenil continúa plenamente vigente y aplicándose a los imputados de 16 años involucrados en el mismo expediente, al tiempo que fundamentó su postura técnica en las directrices de la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, adaptando sus fundamentos a un lenguaje claro para la comprensión del propio menor.

El escenario procesal escaló con la apelación inmediata interpuesta por el Ministerio Público Fiscal y la solicitud de apartamiento de la magistrada presentada por integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, quienes reclaman la asignación de un nuevo magistrado para el expediente. Frente a la acusación de haber trasladado sus posturas críticas expresadas oportunamente durante el debate legislativo al ámbito de sus sentencias, De Marinis enfatizó que cada causa exige una evaluación particularizada y diferenció los hechos contra la propiedad de aquellos episodios de extrema gravedad donde esté comprometido el valor de la vida humana.