A partir de una exhaustiva auditoría interna, la Armada Argentina presentó una denuncia penal ante los tribunales federales de Comodoro Py al descubrir una sofisticada maniobra de desvío de fondos públicos que involucra 645 acreditaciones indebidas de sueldos por un total de $981.148.567,88. La presentación judicial, formalizada por instrucción del ministro de Defensa Carlos Presti y radicada en el Juzgado Federal N° 2 a cargo de Sebastián Ramos, reconstruyó operaciones irregulares desplegadas de forma ininterrumpida entre julio de 2022 y enero de 2026, con 23 personas individualizadas en esta primera etapa y un perjuicio global que podría escalar a los $1.500 millones.

El mecanismo ilícito operaba en un eslabón ciego del circuito contable. Según acreditó la Dirección de Administración Financiera de la fuerza, los controles habituales se realizaban sobre la liquidación original, pero antes de transferir las planillas al Banco Nación los registros eran adulterados de forma manual para inflar importes o incorporar personas sin derecho al cobro; de inmediato, los archivos eran restituidos a sus valores nominales. Mediante esta alteración deliberada, las modificaciones quedaban ocultas para el sistema informático Haberes-Web y no se reflejaban en los recibos oficiales, impidiendo que los agentes o las autoridades advirtieran los pagos paralelos.

La pesquisa ubicó como principal responsable de la operatoria al capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, exjefe del Departamento Revista, quien admitió en el sumario administrativo haber resuelto los montos y beneficiarios de manera personal. Entre los implicados figuran militares en actividad, retirados y cuatro civiles sin vínculo funcional con la Armada que concentraron $434 millones: la receptora de la cifra más abultada fue la propia cónyuge de Atanasoff (de apellido Prieto), quien percibió 46 acreditaciones por más de $152 millones. Asimismo, se descubrieron cobros simultáneos a favor de oficiales desplegados en el exterior y pagos a personal en licencia sin goce de haberes.

Tras relevar preventivamente a los oficiales involucrados y secuestrar terminales informáticas clave, la conducción castrense modificó de urgencia el circuito de pagos, separando las áreas de carga, liquidación y conciliación bancaria. Hasta el momento se lograron reintegrar voluntariamente $42.574.267,63 a las arcas del Estado, restando recuperar más de $938 millones, en una causa penal orientada a tipificar las responsabilidades procesales por fraude contra la administración pública y determinar si existieron más partícipes en la maniobra.