La jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, Marta Pascual, quedó en el centro de una fuerte controversia tras viralizarse declaraciones pronunciadas durante un encuentro académico en la Universidad de Lanús. En dicho registro, la magistrada repasó un aberrante caso en el que condenó a 25 años de prisión a un joven que violó y mató a su hija recién nacida, manifestando su arrepentimiento frente a la magnitud del castigo aplicado: "Yo hoy no se lo daría, creo que no se puede dar a los jóvenes, aun ante el delito más aberrante, esa pena", remarcó ante los estudiantes.

Durante su disertación, la funcionaria judicial reconoció que suele aplicar "las penas más livianas" de la provincia de Buenos Aires y fundamentó su postura en la ineficacia del encierro carcelario como método de reinserción para infractores menores de edad. Pascual relató el impacto físico y emocional que el juzgamiento de ese hecho extremo generó en el tribunal, pero cuestionó que las instancias superiores de apelación y Casación hayan ratificado de manera unánime una sentencia que, bajo su mirada doctrinaria actual, resultaba desmedida y contraria al abordaje que requiere la justicia restaurativa juvenil.

Esta perspectiva doctrinaria se conoció apenas días después de que la propia magistrada hiciera lugar a un hábeas corpus colectivo que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La flamante normativa nacional -que reduce la edad de imputabilidad penal de los 16 a los 14 años- fue objetada temporalmente en sede judicial a raíz de una presentación de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, frenando su instrumentación práctica en los tribunales bonaerenses.

Al defender su fallo, la titular del juzgado aclaró que su resolución no impugna la baja en la edad de punibilidad en sí misma, sino el déficit estructural y la falta de recursos edilicios del Estado provincial para contener a los nuevos detenidos sin convertirlos en reclusos sin oficio ni contención terapéutica. Con más de 35 años de trayectoria en el fuero minoril, habiendo sido exministra de Desarrollo Humano bonaerense y consultora de UNICEF, Pascual instó a los poderes ejecutivos a definir partidas presupuestarias y esquemas de supervisión antes de saturar los dispositivos de detención.