Un relevamiento entre bancos líderes da una estimación de entre u$s2.500 millones y u$s2.700 millones para el mes pasado. ¿Es el nuevo piso?
La Unión Industrial Argentina volvió a poner el foco sobre el nivel de actividad y advirtió que la mejora de algunos indicadores macroeconómicos no alcanza para describir la situación que atraviesa el sector productivo. Durante el acto por el Día de la Industria, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, reclamó medidas para sostener a las empresas, recuperar el crédito y mejorar la competitividad.
El encuentro se realizó en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, y reunió a unos 200 empresarios, además de funcionarios y dirigentes de distintos sectores.
Rappallini sostuvo que la estabilización de la economía resulta necesaria, pero consideró que el análisis no puede quedar limitado al comportamiento de los precios. En ese sentido, pidió observar también qué ocurre con la producción, el empleo y la capacidad instalada de las empresas.
Según planteó, existen actividades industriales que continúan atravesando fuertes dificultades y compañías que producen muy por debajo de su potencial.
Mucho más crítico fue Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA, quien cuestionó directamente la política económica del Gobierno y aseguró que se está avanzando hacia un proceso de desindustrialización.
Moretti vinculó el desarrollo del sector con el funcionamiento de las escuelas técnicas, las universidades, el CONICET y el INTI, y advirtió sobre las consecuencias que podría tener un modelo con menor participación de la industria.
Los siete reclamos de la UIA
Durante su exposición, Rappallini propuso construir un "puente" entre el actual proceso de transformación económica y un modelo que permita a las empresas argentinas competir en mejores condiciones.
La propuesta quedó organizada alrededor de siete ejes: recuperación de la actividad y del crédito, reducción del costo argentino, competencia desleal, energía, morosidad empresarial, infraestructura y modernización de las relaciones laborales.
Uno de los principales puntos estuvo relacionado con la caída de la producción. De acuerdo con los números presentados por la entidad, la actividad industrial se ubica un 10% por debajo de los niveles registrados en 2022, mientras que algunos sectores acumulan retrocesos de entre 25% y 30%.
El impacto también se trasladó al mercado laboral. Según afirmó Rappallini, desde agosto de 2023 el sector perdió alrededor de 90.000 empleos asalariados registrados.
Ante este escenario, la UIA pidió reconstruir el financiamiento para capital de trabajo, inversiones, vivienda y consumo, con el objetivo de que la estabilidad económica pueda trasladarse a mayores niveles de producción y empleo.
Otro de los reclamos estuvo concentrado en los costos que enfrentan las empresas. La UIA mencionó la presión impositiva, la logística, las regulaciones, los problemas de infraestructura y las restricciones financieras como algunos de los principales factores que dificultan competir con productos del exterior.
Rappallini reclamó acelerar la reducción de esas cargas y propuso avanzar con un Pacto Fiscal Industrial Federal que involucre a Nación, provincias y municipios.
Entre los tributos mencionados aparecen Ingresos Brutos, Sellos, tasas municipales, el impuesto a los créditos y débitos y la carga sobre la renta empresarial.
La entidad también pidió que los beneficios y condiciones competitivas contempladas para grandes inversiones puedan extenderse al resto del entramado productivo.
La UIA también reclamó mayores controles frente al dumping, la subfacturación, el contrabando y el ingreso de mercadería que no cumple las mismas exigencias que la producción nacional.
Según el diagnóstico presentado por la entidad, en algunos rubros los productos que ingresan a través de circuitos irregulares pueden representar entre el 30% y el 50% del mercado.
En materia energética, Rappallini sostuvo que los recursos de Vaca Muerta y las energías renovables deberían transformarse en una ventaja competitiva para la industria argentina.
También advirtió sobre el aumento de las tarifas de gas y electricidad que enfrentaron numerosas empresas, particularmente las pequeñas y medianas, con facturas que en algunos casos se multiplicaron entre tres y cinco veces.
Otro punto de preocupación es la creciente morosidad empresarial. Desde la UIA señalaron que la suba de las tasas y la caída de la actividad provocaron dificultades para cumplir con obligaciones bancarias y fiscales.
Por ese motivo, solicitaron mecanismos que permitan refinanciar las deudas, agilizar la devolución de saldos a favor y evaluar una suspensión extraordinaria de embargos para compañías con problemas de liquidez.
La infraestructura también apareció entre los principales reclamos. La entidad señaló deficiencias en rutas, ferrocarriles, puertos, redes eléctricas, gasoductos, conectividad y pasos fronterizos.
Según Rappallini, estas dificultades terminan trasladándose directamente a los precios y afectan la posibilidad de competir tanto dentro del país como en los mercados internacionales.
El último de los siete ejes estuvo relacionado con la modernización laboral. La UIA consideró que las nuevas reglas pueden convertirse en un punto de partida para actualizar convenios colectivos y generar condiciones más previsibles para la contratación.
Además, Rappallini reclamó reducir la litigiosidad laboral al considerar que la incertidumbre sobre los costos derivados de los conflictos judiciales termina afectando las decisiones de inversión y generación de empleo.
En el cierre de su discurso, el dirigente planteó que el futuro de la industria debe ocupar un lugar central dentro del modelo de desarrollo argentino y sostuvo que el debate actual excede la coyuntura económica.
Para la UIA, la discusión de fondo pasa por definir qué tipo de estructura productiva tendrá la Argentina durante las próximas décadas.