Una investigación exclusiva recopila testimonios, expedientes y presentaciones que darían cuenta de una presunta maquinaria recaudadora en la provincia, donde la articulación entre letrados externos de Rentas, cuestionadas actuaciones de oficiales notificadores y demoras en áreas clave terminarían asfixiando financieramente a empresas locales, dejándolas prácticamente sin margen de defensa.

En el centro de los señalamientos se encontraría la intervención de recaudadores fiscales como la abogada Claudia Epelman en juicios de apremio. Según plantean comerciantes damnificados, el proceso presentaría una vulnerabilidad de origen: los contribuyentes recién advertirían la existencia del litigio cuando sus cuentas bancarias operativas ya habrían sido alcanzadas por órdenes de bloqueo, impidiendo cualquier respuesta previa.

El foco más crítico recaería sobre la validez de las notificaciones. Se denunciarían cédulas presuntamente arrojadas en pasillos o deslizadas bajo puertas de domicilios que no se corresponderían con los registrados. Las dudas escalarían por los vínculos existentes: en casos llevados a tribunales, quien suscribe las diligencias como oficial notificador mantendría lazos conyugales directos con la letrada ejecutora. En un hecho de extrema gravedad institucional, un notificador habría certificado la entrega formal en una oficina con constancia de día y hora; sin embargo, al auditarse las cámaras de seguridad del edificio, quedaría en evidencia que nadie se hizo presente en ese horario. Pese a la prueba fílmica aportada ante los magistrados tributarios, la Justicia habría optado por convalidar el trámite y ordenar la continuidad del cobro, lo que motivaría la preparación de denuncias penales por presunta falsedad documental y fraude procesal.

A su vez, los tribunales tributarios parecen haber delegado su rol de contrapeso y control de legalidad, actuando en los hechos como oficinas de homologación automática de las medidas cautelares pedidas por el Fisco. En lugar de avanzar preventivamente sobre bienes registrables -como inmuebles, galpones o flota de vehículos, capaces de respaldar con solvencia cualquier acreencia-, las órdenes se dirigirían de inmediato a las cuentas a la vista. Es decir, al núcleo de liquidez donde descansa el dinero destinado al pago de sueldos y compromisos comerciales corrientes.

El núcleo más severo de la maniobra radicaría en el método con el que se traban las medidas cautelares: para cubrirse, si el reclamo de origen fuera de diez pesos, el Fisco ordenaría trabar el embargo directamente por veinte pesos, duplicando la supuesta deuda. Frente al ahogo total y con el fin de evitar la parálisis de la empresa, el contribuyente se vería forzado a abonar los diez pesos originales para que le levanten la medida. En los hechos, la firma terminaría con treinta pesos comprometidos -veinte retenidos y diez desembolsados para pagar-, triplicando el monto inicial de una causa originada en una notificación dudosa.

La afectación no concluiría con el pago. La liberación efectiva de los saldos requeriría la intervención y firma del titular de Asuntos Legales, el doctor Villa. De acuerdo con los testimonios reunidos, las autorizaciones administrativas para levantar las medidas se dilatarían de manera habitual entre 15 y 20 días hábiles. Sumados a los plazos operativos del sistema bancario, las pymes permanecerían prácticamente 30 días con los fondos inmovilizados y con el triple del importe tomado.

Este letargo de casi un mes representaría un golpe devastador para la economía de cualquier negocio: cheques rebotados, suspensión de cuentas comerciales, corte de suministros e intimaciones laborales, aun habiendo saldado lo requerido.

El escenario colisionaría de frente con la retórica de fomento a la producción y libertad de mercado. Mientras desde la escena política se declama el alivio fiscal y a nivel nacional se cuestiona públicamente la voracidad del aparato estatal -un contrasentido que también alcanza el accionar de ARCA con su presión cautelar constante-, en Mendoza el sistema seguiría calibrado para golpear la línea de flotación de los que generan empleo.

El misterio de los sorteos y los grandes contribuyentes

Paralelamente, esta investigación avanza sobre otro interrogante que sacude los pasillos judiciales y administrativos: los llamativos criterios de asignación de causas.

La distribución de los juicios de apremio debería regirse formalmente por un mecanismo de sorteo público y transparente. Sin embargo, en los hechos llamaría la atención que las ejecuciones contra las empresas de mayor facturación -las más atractivas en términos de honorarios y recaudación- terminen de manera sistemática y reiterada en manos de los mismos estudios jurídicos de siempre. Una presunta "fortuna" en los sorteos que despierta justificadas sospechas sobre cómo se reparten realmente los expedientes millonarios y qué controles existen sobre ese sistema.

(Seguiremos investigando. Continuará en próximas entregas)