La actividad portuaria en todo el país continúa paralizada como consecuencia de una medida de fuerza iniciada tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje.

El lock-out, llevado adelante por prácticos, pilotos y baqueanos, comenzó el sábado 1° de agosto y afecta a los puertos desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. La situación golpea especialmente al Río de la Plata y al río Paraná, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas, dejando decenas de embarcaciones sin operar en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.

La normativa, promovida por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca eliminar las barreras de ingreso al sector, reducir los costos operativos, permitir la contratación directa de los servicios y habilitar que capitanes con experiencia puedan navegar sin la obligatoriedad de contar con contratos de prácticos.

En rechazo a la medida, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la reforma como "abusiva e inconstitucional" y anunció que presentará una Acción de Amparo ante la Justicia Federal, además de una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto. Según la entidad, la desregulación pone en riesgo la seguridad de la navegación en los ríos.

Frente a la interrupción del servicio y las complicaciones logísticas generadas, la Prefectura Naval Argentina intimó formalmente a los profesionales para que retomen sus tareas, bajo apercibimiento de ley, al considerar que el practicaje constituye un servicio público esencial.

Pese a la advertencia oficial, los prácticos ratificaron la continuidad de la medida de fuerza. Sin embargo, aclararon que mantendrán la asistencia a buques petroleros y de gas licuado, con el objetivo de garantizar el abastecimiento energético del país y evitar riesgos ambientales en las vías navegables.