En busca de la verdad
En busca de la verdad
El expresidente de la empresa estatal se presenta ante el juez Mirabelli por el presunto cobro de retornos millonarios. Mientras la defensa le aconseja el silencio, el exfuncionario evalúa hablar. El misterio de la valija perdida, el hackeo de su celular y los nexos con la "banda de los mendocinos".
.jpg&width=960&height=540){kind=small}
Este lunes 13 de julio de 2026, el ajedrez político y judicial argentino vivirá una jornada de máxima tensión. Facundo Leal, expresidente de ARSAT, comparecerá ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro para brindar su primera declaración indagatoria ante el juez Lino Mirabelli. Investigado por el presunto cobro de retornos de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) a cambio de la adjudicación directa de obras de fibra óptica entre 2022 y 2024, el exfuncionario se encuentra ante una encrucijada estratégica.
Según revelaron fuentes cercanas a la defensa, Leal tiene la firme intención de hablar y responder preguntas ante el tribunal. Sin embargo, su equipo de asesores legales le aconseja una postura mucho más conservadora: limitarse a presentar un escrito técnico. La expectativa es total, ya que una confesión abierta o el señalamiento de cómplices podría desatar un temblor que afecte a todo el arco político.
La hipótesis de la Justicia es robusta. Los peritajes contables incorporados al expediente estiman un perjuicio patrimonial contra el Estado de 1,9 millones de dólares y más de 40 millones de pesos. Para los investigadores, esta cifra guarda una relación directa con los 2,4 millones de dólares en efectivo que la Policía Federal Argentina (PFA) le secuestró a Leal en sus domicilios de Palermo y Mendoza.
El exfuncionario llega a esta instancia bajo un estricto régimen de aislamiento. Custodiado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), su paradero exacto se mantiene en secreto por orden del tribunal para evitar presiones externas y neutralizar cualquier intento de contacto con el exterior. Cabe recordar que en su departamento de Palermo, además del dinero y drogas, se hallaron complejos equipos de vigilancia y seguimiento.
El entorno familiar de Leal también quedó bajo la lupa. Durante los allanamientos iniciales, se detectó una ventana de tres horas en la que su casa de Mendoza no estuvo vigilada. Cámaras de seguridad registraron a una de las hijas del exfuncionario retirando dos valijas del inmueble. La PFA solo logró recuperar una, que contenía ropa; la segunda permanece desaparecida y la fiscalía investiga a la joven por presunto encubrimiento, sospechando que allí se ocultó documentación clave, más dinero o estupefacientes.
El trámite de este lunes es solo el prólogo de un proceso que promete ampliarse. Leal entregó su teléfono celular personal pero se negó a facilitar la contraseña de acceso. Por este motivo, el juez Mirabelli y el fiscal federal Fernando Domínguez basarán la audiencia en la información extraída de los servidores de ARSAT y en los dispositivos entregados por los subordinados del imputado, quienes sí aportaron sus claves.
No obstante, el blindaje del teléfono tiene fecha de caducidad. Peritos de la División Pericias Informáticas de la PFA ya aplican sobre el aparato el software forense israelí Cellebrite, utilizado para vulnerar códigos de seguridad encriptados. Desde los tribunales de San Isidro confirmaron que, una vez extraídos los datos, el fiscal incorporará el contenido como prueba nueva, lo que activará de forma inevitable una ampliación de la indagatoria y, posiblemente, nuevos imputados.
El caso ARSAT genera pánico cruzado debido a la transversalidad política de Leal. El exfuncionario desembarcó en la alta administración bajo el ala del peronismo mendocino durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, logró sobrevivir al recambio institucional y continuó al frente de la empresa estatal durante el primer año y medio del gobierno de Javier Milei, para luego ser promovido a la presidencia del ORSNA en junio de 2025.
Este salto de caja fue propiciado por el mendocino Luis Pierrini, el poderoso empresario del sector del seguro que asumió como Secretario de Transporte de la Nación en mayo de 2025 y exigió el nombramiento de Leal como parte de los acuerdos de gobernabilidad. Por esta razón, los reproches van en ambos sentidos: el PJ acusa al oficialismo de haberlo sostenido en funciones hasta febrero de 2026, mientras que los libertarios recuerdan que su ingreso al Estado fue de la mano del kirchnerismo.
Para blindar la estrategia, la representación legal de Leal está unificada con la de Gerardo Boschin (exsubgerente de Compras de ARSAT y expresidente de Trenes Argentinos), otro integrante clave de la denominada "banda de los mendocinos". Ambos son defendidos por el abogado Marcelo Rocchetti, una jugada corporativa diseñada para evitar que las líneas técnicas culpen a la conducción política y asegurar, al menos por ahora, un pacto de silencio que mantiene en vilo al poder.
.jpg)
