El frente judicial de Facundo Leal sumó nuevos capítulos en las últimas horas. Mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades durante su gestión al frente de ARSAT, la Justicia Federal dispuso una serie de medidas patrimoniales en su contra y se abrió una nueva causa vinculada a su paso por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

La decisión fue adoptada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien ordenó la inhibición general de bienes, habilitó el acceso a información bancaria, fiscal y bursátil y autorizó nuevas diligencias para profundizar la pesquisa. Las medidas también alcanzan a otros exfuncionarios y empresarios que aparecen mencionados en el expediente.

La investigación se centra en contrataciones realizadas durante la gestión de Leal en ARSAT y busca determinar si existió un esquema destinado a beneficiar a la firma Argentina Logistic Services (ALS), empresa que quedó bajo sospecha por presuntos sobreprecios, adjudicaciones irregulares y posibles pagos indebidos a funcionarios públicos.

Entre las personas alcanzadas por las medidas cautelares figuran los mendocinos Gerardo Boschin y Juan Andrés Navarro, además de exdirectivos de la empresa estatal y responsables de la compañía privada investigada.

Con el levantamiento del secreto de sumario se conoció que la Justicia procura reconstruir el circuito financiero de los involucrados. Para ello se solicitó información patrimonial, movimientos bancarios, registros fiscales y operaciones bursátiles. También se ordenó la inmovilización de activos y la recopilación de documentación considerada relevante para la causa.

La fiscalía intenta establecer si existió una maniobra coordinada para favorecer a ALS mediante contratos que habrían provocado un perjuicio económico para el Estado. Entre los convenios bajo análisis aparecen servicios de logística, almacenamiento y transporte de equipamiento tecnológico perteneciente a ARSAT.

Uno de los puntos que concentra la atención de los investigadores es un depósito ubicado en San Fernando, vinculado a una serie de órdenes de compra que involucraron cifras millonarias en dólares y pesos. Según la hipótesis acusatoria, algunas de esas contrataciones habrían presentado irregularidades, incluyendo servicios cuestionados, gastos sin justificación suficiente y prestaciones cuya ejecución es objeto de análisis.

Los investigadores también sostienen que la empresa contratada no reunía las condiciones necesarias para custodiar equipamiento estratégico perteneciente al Estado nacional.

La acusación más delicada apunta a la posible existencia de beneficios otorgados a funcionarios a cambio de favorecer determinadas adjudicaciones. Según la teoría del caso, esos beneficios habrían incluido dinero, viajes, cargos laborales y otras contraprestaciones.

La causa adquirió una fuerte repercusión pública tras los allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Leal. Durante esos procedimientos se secuestraron millones de dólares en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos. Además, en uno de los operativos se encontraron sustancias prohibidas, situación que derivó en una nueva línea de investigación.

En paralelo, la Justicia continúa examinando el destino de varias valijas retiradas de un inmueble relacionado con el exfuncionario antes de que se concretaran los allanamientos. Esa situación motivó nuevos procedimientos en propiedades vinculadas a familiares y personas de su entorno.

A este escenario se suma ahora una nueva imputación impulsada por el fiscal federal Ramiro González, quien abrió una investigación para determinar si existió un incremento patrimonial injustificado durante el desempeño de Leal en el ORSNA.

arte de esa causa, se ordenó relevar información patrimonial de distintos funcionarios y recopilar antecedentes sobre contrataciones de obras aeroportuarias adjudicadas a empresas constructoras que operaron en varias provincias del país.

La nueva pesquisa también busca establecer si existen vínculos entre los hechos investigados en ARSAT y las actuaciones relacionadas con el organismo aeroportuario. Por ese motivo, la fiscalía incorporó documentación surgida de la causa principal para analizar posibles conexiones entre ambos expedientes.

Con varias líneas de investigación abiertas y medidas patrimoniales en marcha, la situación judicial de Leal enfrenta un escenario cada vez más complejo mientras avanzan las actuaciones en los tribunales federales.