La Justicia federal, bajo la conducción del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, avanza en una investigación de alto impacto que pone la lupa sobre el sistema de importaciones SIRA y el manejo de divisas durante la gestión de Alberto Fernández  Según informes del Banco Central, un grupo de casas de cambio retiró al menos 530 millones de dólares en efectivo de entidades bancarias entre 2021 y 2023, una maniobra que permitió que el rastro del dinero desapareciera por completo del sistema financiero formal.

La hipótesis central de los investigadores es que estas agencias accedían al dólar oficial en un contexto de férreas restricciones cambiarias para luego volcar esas divisas al mercado paralelo, obteniendo ganancias siderales por la brecha. Además, se analiza si estas operaciones estaban ligadas a un esquema de recaudación de coimas (estimadas entre el 10% y el 15%) a cambio de la aprobación de permisos de importación, en una etapa que coincide con la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

Los casos más comprometidos

El informe oficial detalla maniobras de volumen inusual que violan las normativas del Banco Central:

• Mega Latina S.A.: Es la firma con el mayor movimiento detectado. Compró US$ 327 millones a bancos, los retiró por caja e informó haber vendido el 70% de ese total a otra operadora, Gallo Cambio S.A., una práctica prohibida ya que las agencias deben vender a clientes finales y no a otros operadores.
  
• Stema Cambios: Entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2023, retiró por ventanilla US$ 180 millones. La Justicia también investiga a Valeria Fabiana Fernández, auditora externa del BCRA, quien habría avalado los balances de esta entidad.
  
• Concordia Inversiones SRL: Se detectaron transferencias por US$ 9,8 millones a personas físicas que, tras recibir los fondos, los retiraron inmediatamente en efectivo. La firma está vinculada a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas.
  

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Argentina

La Sala IV del tribunal dejó sin efecto la medida contra el expresidente al considerar que no hubo impulso fiscal suficiente. Los magistrados argumentaron que se vulneró el principio de "juez con acusador", aunque la investigación por presuntas irregularidades en contrataciones estatales continúa.

La investigación, que se inició gracias al testimonio de un arrepentido, estima que el volumen total de divisas que circuló por esta red de agencias podría ascender a los 3000 millones de dólares. Hasta el momento, el juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de unas 50 personas y empresas vinculadas a la maniobra.

Mientras se esperan los resultados de nuevos allanamientos, el BCRA, ARCA (ex AFIP) y la Secretaría de Comercio trabajan para reconstruir el circuito completo: desde quién autorizaba los permisos SIRA hasta el destino final de los billetes que salieron por las ventanillas bancarias en bolsos, dejando un vacío legal y financiero que hoy la Justicia intenta reconstruir.