En busca de la verdad
En busca de la verdad
Leandro Kebleris, procesado como presunto partícipe necesario en el desvío de fondos públicos que tiene a Eduardo Belliboni ya enviado a juicio, propuso una "reparación integral" para extinguir la acción penal.
Uno de los imputados en la causa que investiga el supuesto desvío de fondos del plan Potenciar Trabajo, en la que ya fue enviado a juicio el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni, intentó salir del expediente con una propuesta millonaria. Se trata de Leandro Kebleris, procesado como presunto partícipe necesario de maniobras de administración fraudulenta, quien ofreció pagar $87.963.534 en concepto de "reparación integral del daño" para evitar ser elevado a juicio.
El planteo fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, pero fue rechazado en línea con la postura de la fiscalía y de las querellas -entre ellas la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la UIF- que consideraron inadmisible cerrar el caso mediante un acuerdo económico.
Según la investigación, Kebleris habría sido uno de los administradores de Coxtex S.A., empresa señalada como vehículo para la emisión de facturación apócrifa presentada ante el entonces Ministerio de Desarrollo Social. En octubre de 2021, esa firma emitió dos comprobantes por un total de $5.459.418 a favor de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor, rendidos como supuestos gastos del programa. Para los investigadores, esos pagos habrían servido para justificar erogaciones inexistentes y desviar recursos hacia actividades de prensa, militancia y campaña electoral.
La defensa intentó avanzar con el acuerdo en noviembre, tras el pedido de elevación a juicio de este tramo del expediente. La propuesta contemplaba transferir fondos ya embargados y completar el resto en cuotas mensuales con intereses.
En su resolución, Casanello sostuvo que el caso no puede tratarse como un conflicto privado. Señaló que los delitos investigados afectan bienes jurídicos de interés público y que "de ningún modo" son reparables con una prestación económica, por más elevada que sea. También advirtió el mensaje institucional que implicaría aceptar ese camino: que quien tiene dinero podría poner fin al proceso penal pagando.
Con el rechazo de la reparación integral, el juez quedó en condiciones de definir la elevación a juicio de este segundo tramo de acusados, mientras el Tribunal Oral Federal 8 ya prepara el debate del expediente principal contra Belliboni y otros imputados. La causa se mantiene en etapa clave, con foco en un presunto esquema de desvío de fondos públicos mediante empresas "pantalla" y facturas falsas.
