Agostina Páez se presentó en el Centro de Monitoreo para la instalación del dispositivo, mientras la investigación por presunta injuria racial entra en su etapa final. La joven denunció amenazas en redes, pidió revisar las grabaciones completas y su defensa prepara un habeas corpus para regresar a la Argentina.
La causa judicial que involucra a Agostina Páez, la abogada argentina denunciada por presuntos gestos e insultos racistas a la salida de un bar en Río de Janeiro, dio un nuevo paso este martes: la joven se presentó ante las autoridades brasileñas y se colocó la tobillera electrónica solicitada para su monitoreo.
Según informaron CNN Brasil y la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAP), Páez acudió al Centro de Monitoreo para que le instalaran el dispositivo en una de sus piernas. Ahora se espera que en las próximas horas se conozcan novedades sobre el expediente y la definición judicial respecto de la sanción que podría corresponderle.
La medida se enmarca en una situación particular: la joven, oriunda de Santiago del Estero, viajó a Brasil sin pasaporte, ya que por pertenecer al Mercosur los ciudadanos argentinos pueden ingresar con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Ese dato fue considerado en el expediente, en un contexto en el que la acusada permanece en el país vecino mientras avanza el proceso.
Antes de cumplir con la colocación del dispositivo, Páez también presentó una denuncia policial por amenazas que asegura haber recibido a través de redes sociales. La Policía Civil confirmó que la presentación fue registrada y se encuentra bajo investigación.
El episodio que desencadenó la causa ocurrió el jueves 14 de enero, cuando un empleado del bar denunció en una comisaría haber sido víctima de insultos racistas. Según esa presentación, la turista lo habría señalado y llamado "negro" de manera discriminatoria.
En el marco de la investigación, se revisaron cámaras de seguridad y, de acuerdo con el expediente citado por medios locales, se observaron gestos y sonidos "comparables a los de un mono", lo que derivó en una imputación por injuria racial.
Por su parte, Páez sostuvo que el conflicto se originó tras un malentendido con la cuenta del local. Según su versión, luego de pagar lo adeudado con sus amigas, empleados del bar comenzaron a burlarse. "Se rieron mientras nos grababan, y fue entonces cuando tuve esa reacción tan desagradable", habría reconocido, aunque también admitió que su conducta fue inapropiada. La joven indicó además que contrató un abogado en Brasil y que solicitó a la Justicia acceder a las grabaciones completas para incorporarlas al expediente.
De acuerdo con lo informado por O Globo, la pesquisa policial se encuentra en su etapa final y las pruebas reunidas serán elevadas al Ministerio Público durante la semana. Se aguardan nuevas declaraciones tanto de la presunta víctima como de testigos directos, incluido el gerente del bar. El proceso es supervisado por el juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la capital carioca.
En paralelo, la defensa de Páez afirmó que la joven atraviesa un cuadro de temor creciente. En los últimos días, denunció un episodio de inseguridad que la obligó a cambiar de domicilio: según relató su abogado, tres individuos ingresaron al departamento donde se alojaba y se presentaron como policías, en una situación que describieron como "confusa". La familia evalúa viajar a Brasil para acompañarla, mientras su padre manifestó que la joven quiere regresar a la Argentina.
El abogado defensor anticipó además la presentación de un recurso de habeas corpus para solicitar que Páez pueda volver al país, al argumentar que se encuentra bajo restricciones en condiciones adversas.
La abogada ya fue recibida por funcionarios del Consulado argentino en Río de Janeiro, quienes le brindaron orientación y asistencia, aunque remarcaron que no intervienen en el trámite judicial. Según su defensa, Páez conserva su DNI y mantiene contacto con su entorno mientras espera definiciones sobre su situación.