El juez hizo pedidos a aseguradoras, a la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRA) y a empresas de GPS y de telepase por los autos que estaban en la vivienda.
El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky solicitó este martes una serie de medidas de prueba vinculadas a una finca ubicada en Pilar que es atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre cercano al presidente de esa entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
Según informaron fuentes judiciales, el magistrado requirió información a aseguradoras, a la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRA) y a empresas de GPS y telepase para identificar y reconstruir datos sobre los vehículos que estaban en el predio. En la misma línea, también solicitó informes a compañías de Internet, cable y telefonía celular relacionados con la vivienda, en búsqueda de elementos que permitan determinar movimientos, titularidades y eventuales vínculos económicos.
La causa se enmarca en una disputa de competencia que quedó resuelta la semana pasada por la Cámara Criminal y Correccional Federal, que determinó que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10 debe continuar con la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte. Ambos están acusados de haber adquirido un inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin contar, de acuerdo con la hipótesis, con respaldo económico suficiente para justificar la operación.
El conflicto se había originado cuando el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente y envió el expediente al fuero penal económico. Sin embargo, la magistrada interina de ese fuero rechazó inicialmente la intervención y devolvió la causa, lo que derivó en la intervención de la Cámara para zanjar la cuestión.
En su resolución, la Sala I entendió que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal y que no se advertían elementos que justificaran la intervención del fuero criminal federal. En ese sentido, concluyó que el expediente debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en investigaciones vinculadas al orden económico y financiero.