En busca de la verdad
En busca de la verdad
La Inspección General de Justicia frenó algunos rumores, exigió transparencia contable y denunció ocho años de irregularidades
El conflicto entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno Nacional sumó un capítulo clave: Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), descartó por completo que el Poder Ejecutivo evalúe intervenir la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia. Lo hizo en medio de una escalada de tensión, marcada por disputas administrativas, irregularidades contables y un proceso judicial que podría llegar a la Corte Suprema.
"La IGJ no está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando recomendar una intervención. Tampoco lo está pensando el ministro de Justicia. Es un escenario que hay que descartar", afirmó Vitolo, llevando calma a un escenario donde la palabra "intervención" había comenzado a sobrevolar con fuerza en los últimos días.
A pesar de ese mensaje, Vitolo profundizó sus críticas hacia la conducción de la AFA y reiteró que la asociación continúa bajo la órbita de la IGJ, más allá de que la entidad futbolística afirma haber trasladado su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires. Según explicó, la modificación aprobada en asamblea "carece de validez" mientras no se cumplan los pasos formales: reforma estatutaria, presentación de la documentación ante la IGJ y aprobación del organismo, que además debe ser notificado una vez finalizados los trámites.
"La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice. Nunca presentaron el estatuto reformado", enfatizó. Y agregó que la asamblea que decidió la mudanza se realizó sin aviso, fuera de la jurisdicción donde la entidad está registrada. Esa misma asamblea -que además adelantó la renovación de autoridades por cinco años- fue impugnada por la IGJ y hoy forma parte de un expediente judicial que se encamina a la Corte Suprema.
Pero la disputa administrativa no es el único frente: la IGJ también volvió a cargar contra la situación contable de la AFA. Según Vitolo, el organismo detectó inconsistencias desde 2017 y mantiene ocho ejercicios presentados sin aprobar. El funcionario denunció que los estados contables muestran "partidas globales con sumas ideales" sin desagregación, a pesar de los reiterados pedidos de aclaración.
Los montos que la IGJ exige explicar son de peso. Entre ellos, US$18 millones en gastos de administración y gestión, US$3,5 millones destinados al Colegio de Árbitros y la Escuela Técnica, US$44 millones en erogaciones de las selecciones nacionales, y US$12,5 millones en aportes y subsidios a FIFA y Conmebol. En total, Vitolo señaló que existen gastos por "US$111 millones que deben ser explicados". Según aclaró, no se habla de malversación, pero sin detalle no puede haber aprobación contable.
El cuestionamiento se extiende a la Superliga Profesional del Fútbol Argentino, una asociación civil creada en 2017 vinculada a la AFA, que según la IGJ debe justificar US$348 millones, incluidos US$72 millones registrados en 2020 como "rendiciones a clubes" sin especificar qué institución recibió cada suma. "¿Cómo puedo hacer un control de cruzamientos si no me dicen qué recibió cada club?", planteó Vitolo.
Más allá del fuerte señalamiento técnico, el titular de la IGJ reiteró que el Gobierno no avanzará sobre una intervención mientras no exista una causal concreta. Y detalló los únicos tres escenarios posibles para ese tipo de medida. El primero sería que la IGJ detecte violaciones graves al reglamento que pongan en riesgo el funcionamiento institucional; en ese caso, el organismo podría recomendar la intervención al Ministerio de Justicia, que tiene la potestad final.
La segunda vía depende de la Justicia Penal, que investiga el presunto lavado de dinero vinculado a empresas relacionadas con Sur Finanzas y a supuestos testaferros de Tapia. "Eso es un tema judicial. La Justicia Penal podría tomar una determinación si así lo considera", señaló, desligando a la IGJ de ese capítulo del escándalo.
El tercer escenario sería el civil: que algún club denuncie a la AFA y solicite una intervención. "Sobre esto tampoco tengo noticias", remarcó Vitolo.
Mientras tanto, la relación entre el Gobierno y la AFA sigue atravesada por la desconfianza. Desde la Casa Rosada observan con recelo los movimientos de la conducción de Tapia, y en el organismo rector del fútbol argentino creen que hay una ofensiva política en su contra. Sin embargo, la frase que Vitolo dejó parece, por ahora, cerrar la puerta a un avance directo del Ejecutivo: "Nadie está pensando en intervenir la AFA".
Entre cuestionamientos contables, disputas administrativas y causas judiciales en curso, lo que sí quedó claro es que el conflicto continuará y que, al menos por ahora, la pelota está en manos de la Justicia y de la IGJ.
Tras la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa, la Casa Rosada nombró a Oscar Santiago Zarich como jefe del Ejército, a Marcelo Alejandro Dalle Nogare al frente del Estado Mayor Conjunto, y a Juan Carlos Romay como jefe de la Armada, además de ratificar a Gustavo Valverde en la Fuerza Aérea. En paralelo, avanza una reconfiguración más amplia que incluye la SIDE, Migraciones y el Ministerio de Justicia.
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