El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) realizó este martes una masiva movilización hacia los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en rechazo al cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), una medida anunciada por el Gobierno en el marco del plan de reestructuración del Estado.

Durante la protesta, la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, advirtió que la medida "implica una pérdida de soberanía vial federal", ya que decisiones estratégicas sobre rutas, licitaciones y obras pasarán "a manos de privados o de funcionarios sin anclaje territorial".

"Es demencial lo hecho, quieren dejar a 5.200 trabajadores en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 32 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura", denunció Aleñá frente a la sede del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo. La movilización también incluyó un acto frente al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

¿Cuántos empleados se verán afectados por el cierre de Vialidad Nacional en Mendoza? 

Mendoza

Junto a su matriz en Ciudad de Mendoza, Vialidad Nacional cuenta con delegaciones en Godoy Cruz, Uspallata y San Rafael.

El gremio repudió públicamente al Ejecutivo y responsabilizó también a los legisladores que votaron a favor de la Ley Bases, señalándolos como cómplices del vaciamiento. "Aún están a tiempo y pueden detener esta locura que quiere llevar adelante el Gobierno de Milei", sostuvo la dirigente, en un mensaje dirigido a la Comisión Bicameral que supervisa los decretos del Poder Ejecutivo.

En ese marco, Aleñá cuestionó el destino incierto de los fondos asignados a Vialidad: "En el decreto no dice a dónde van a ir los más de $400.000 millones que tiene depositados el organismo. Es terrible". Según el sindicato, la medida no solo amenaza los puestos de trabajo, sino también la seguridad vial y el mantenimiento de la infraestructura nacional.

La movilización contó con el acompañamiento de otras organizaciones gremiales y de legisladores nacionales, que expresaron su preocupación por el avance del proceso de desregulación estatal.

Además de Vialidad, el decreto presidencial también dispuso el cierre de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y de la Agencia de Seguridad Vial, profundizando la reestructuración de áreas clave del Estado vinculadas a la infraestructura y seguridad en rutas.