En el escrito, el Ejecutivo sostiene que avanzar con la liquidación del 51% de la petrolera representaría un "daño irreparable" para la Argentina. Además, alega que no puede ejecutarse una sentencia parcial cuando el fallo de fondo aún no fue revisado por un tribunal superior.
En un nuevo intento por frenar el avance judicial en Estados Unidos, el Gobierno argentino solicitó a la jueza Loretta Preska del tribunal del Distrito Sur de Manhattan que suspenda la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. El pedido se da en el marco del juicio por la estatización de la petrolera en 2012, por el cual la Argentina enfrenta una condena de más de 16.000 millones de dólares.
Según el escrito presentado por los abogados del Estado, ejecutar ahora la entrega de las acciones -mientras aún está pendiente una apelación ante el Segundo Circuito de Nueva York- generaría un "daño irreparable" y comprometería el control estratégico de la principal empresa energética del país.
"No se puede poner al genio de vuelta en la botella", señalaron los letrados en referencia a los efectos permanentes que tendría una eventual toma de control por parte de los fondos demandantes.
El Gobierno remarcó que el fallo aún no está firme, ya que el recurso presentado en enero contra la sentencia de fondo todavía no fue resuelto por la Cámara de Apelaciones. Por eso, pidió a la jueza que dicte una "interim stay" (suspensión provisoria) hasta que se analice formalmente la posibilidad de frenar la ejecución.
Entre los puntos centrales del planteo se destaca que la ley argentina 26.741 obliga al Estado a conservar una mayoría accionaria en YPF, y que ninguna cesión puede hacerse sin una ley del Congreso. "Esto no es un juicio comercial entre empresas, sino un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno", enfatiza el escrito.
La Casa Rosada insiste en que no pagará los US$16.100 millones y descarta cualquier esquema que implique transferencias, activos o endeudamiento. La estrategia está a cargo de la Procuración del Tesoro.
Además, el Ejecutivo afirma que las acciones están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires y no pueden ser entregadas sin violar la legislación nacional, por más que exista una orden de una corte extranjera.
A diferencia de lo que suele hacerse en este tipo de procesos, el Gobierno no ofreció garantías financieras (como bonos o activos) para frenar la ejecución. En Balcarce 50 aseguran que no cederán el control de YPF ni iniciarán ningún pago, y que cualquier transferencia debe ser aprobada por el Congreso.
En los próximos días, Preska deberá resolver si acepta o no el pedido argentino. Si la jueza lo rechaza, el Gobierno adelantó que acudirá por vía de urgencia al Segundo Circuito para intentar conseguir la suspensión de la ejecución antes de que se materialice la transferencia de acciones.
Más allá del debate sobre la ejecución, el Gobierno también anticipa una disputa técnica por el monto del fallo. Según fuentes oficiales, el valor final puede variar significativamente según la fecha de valoración de las acciones, el tipo de cambio y el precio bursátil del momento.
Por ahora, el Ejecutivo descarta cualquier negociación o acuerdo extrajudicial. "Esto se va a definir en la Cámara", afirman en el entorno presidencial. Según trascendió, la audiencia ante el Segundo Circuito podría realizarse en septiembre, y el Gobierno prepara una defensa detallada para esa instancia.
El fallo de Preska había ordenado a la Argentina transferir el paquete accionario mayoritario a una cuenta de custodia en Nueva York y luego entregarlo a los beneficiarios del juicio. Los demandantes, por su parte, ya manifestaron su intención de liquidar las acciones en el mercado, lo que encendió las alarmas en el oficialismo.
El gobernador bonaerense respondió a las críticas por su rol en la estatización de YPF en 2012 y sugirió que el actual Gobierno busca "entregar la empresa". Además, cuestionó el fallo de la jueza Loretta Preska y deslizó posibles vínculos entre Milei y el fondo buitre Burford Capital.
"YPF emplea a más de 23.000 personas y es clave para el desarrollo energético del país", argumentaron los abogados del Estado en la presentación.
Desde la Casa Rosada insisten en que permitir que fondos litigantes privados se hagan del control de una empresa estratégica representa "mover los límites de lo aceptable en derecho internacional". El mensaje es claro: la batalla por YPF todavía no está definida y el Gobierno está dispuesto a pelearla hasta la última instancia judicial.