El Gobierno nacional descartó este martes presentar garantías ante la Justicia de Estados Unidos como condición para avanzar con la apelación del fallo que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF. La decisión fue adoptada en la mesa chica del oficialismo y refleja la postura firme del Ejecutivo de no pagar la indemnización de US$16.100 millones ni acatar la transferencia de activos dispuesta por la jueza Loretta Preska.

"No vamos a pagar de ninguna forma y vamos a utilizar todos los recursos para ganar el juicio", expresaron fuentes de Balcarce 50, que confirmaron que la estrategia legal apunta a demorar la ejecución del fallo y llevar la causa "hasta las últimas instancias judiciales".

En el entorno del presidente Javier Milei también descartan la posibilidad de diseñar un esquema de pago o compensación con los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos litigiosos tras la estatización de la petrolera en 2012.

"No se transferirán activos, ni dólares, ni se tomará deuda. No vamos a usar recursos que puedan complicar las cuentas públicas", afirmaron desde el Ejecutivo.

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Desde que asumió su cargo, Santiago Castro Videla no está adelante de la litigación. En su lugar ejerce Juan Ignacio Stampalija, uno de los subprocuradores.

Si bien no se precisó la fecha de presentación de la apelación, los equipos técnicos de la Procuración del Tesoro trabajan contrarreloj para formalizarla "lo antes posible". Esta tarde, Castro Videla mantuvo una reunión clave con el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, para coordinar la estrategia jurídica y comunicacional del caso.

La discusión por la causa YPF fue uno de los ejes de la jornada en la Casa Rosada. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lideró una reunión con los principales referentes del gobierno nacional, entre ellos el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el presidente de Diputados Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Más temprano, Javier Milei encabezó la habitual reunión de gabinete.

Desde el oficialismo, además, apuntaron contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien responsabilizan directamente por la estatización de YPF durante su gestión como ministro de Economía del kirchnerismo. El conflicto con Kicillof ya escaló al plano político y mediático.

El fallo emitido por la jueza Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina transferir su participación accionaria en YPF -acciones clase D- a los demandantes o a quien estos designen, a través de una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon (BNYM), en un plazo de 14 días. La transferencia debía ejecutarse un día hábil después del depósito en la cuenta.

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El foco está puesto en la petrolera nacional luego de que la jueza Loretta Preska ordenara al Estado nacional transferir el 51% de las acciones Clase D en la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital.

La decisión se tomó mientras aún están pendientes las apelaciones tanto del Estado argentino como de los demandantes en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Mientras Argentina busca revertir el fallo de primera instancia, Burford reclama que se incluya a YPF como corresponsable de la indemnización.

La Casa Rosada ya instruyó a su equipo jurídico a utilizar una estrategia de dilación procesal, similar a la aplicada en otras causas contra el Estado. Esto incluye apelar, solicitar suspensiones y forzar que un nuevo tribunal intervenga en la revisión del conflicto.

"El objetivo es frenar el impacto económico y político de una ejecución inmediata. No hay intención de negociar ni ceder", insisten en el entorno presidencial.