En busca de la verdad
En busca de la verdad
El jefe de Gabinete confirmó que el paquete legislativo ya ingresó por vía electrónica y busca modificar normas vinculadas a delitos económicos y a la regularización de fondos no declarados
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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que el Gobierno ya envió al Congreso de la Nación los proyectos de ley que apuntan a fomentar la regularización de activos no declarados y modificar el marco legal vigente en materia de delitos económicos. Según precisó el funcionario, el texto ingresó por vía electrónica tras haber sido firmado por él y por el presidente Javier Milei en la noche previa a su declaración pública.
En declaraciones a Radio La Red, Francos explicó que el contenido del proyecto incluye cambios normativos vinculados con los montos establecidos en la Ley Penal Económica, la prescripción de delitos y otros aspectos orientados a dar seguridad jurídica a quienes posean ahorros no declarados. El funcionario remarcó que el objetivo central de esta iniciativa es permitir que estos fondos puedan integrarse a la economía sin enfrentar penalidades derivadas de legislaciones anteriores.
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El gobernador llegó este mediodía a la convocatoria realizada por la expresidenta, informaron fuentes a cargo de las negociaciones a Infobae. Es el segundo contacto directo tras el lanzamiento de CFK en la Tercera Sección
El ministro explicó que la iniciativa busca atender la situación de muchos ciudadanos que, ante años de inestabilidad macroeconómica, optaron por conservar sus ahorros en dólares fuera del sistema formal. "La protección de los ahorros de los argentinos" fue una de las expresiones que utilizó Francos al describir el espíritu del texto enviado al Parlamento. Según indicó, se apunta a regularizar lo que definió como "los dólares del colchón", en referencia a los fondos mantenidos por fuera del circuito bancario o financiero tradicional.
El jefe de Gabinete evitó dar precisiones sobre el nombre oficial del proyecto de ley, aunque confirmó que el contenido se centró en asegurar condiciones para que aquellos que realicen gastos con fondos propios y ahorros no queden sujetos a sanciones previstas por normas anteriores. Además, señaló que la legislación busca reducir los plazos de prescripción de ciertos delitos, como una de las herramientas para brindar garantías a los eventuales participantes del régimen.
Francos afirmó que el nuevo marco busca incentivar el vuelco de esos fondos a la actividad económica. "Queremos que eso se vuelque a la actividad económica para generar crecimiento", dijo al explicar el espíritu de la iniciativa. En su intervención, utilizó como ejemplo la conducta de quienes, en décadas pasadas, buscaron preservar el valor de su dinero recurriendo al mercado informal de divisas, debido a las restricciones cambiarias y los procesos inflacionarios recurrentes.
El funcionario se refirió a estos recursos como "un canuto, que lo guardaban y que no tenían dólares", y argumentó que la decisión de impulsar una legislación que contemple este tipo de situaciones responde a una visión que reconoce la realidad económica y cultural del país.
El Ministerio de Salud envío más de 550.000 notificaciones para certificar la documentación y logró contactar solo a la mitad de los beneficiados. Aseguran que en más de 220.000 casos no se encontró la dirección informada y que en los restantes no pudieron consignar la entrega de la documentación.
Durante su intervención, el ministro no precisó si la ley incluirá un blanqueo de capitales en los términos tradicionales, pero sí destacó que el texto firmado por el Ejecutivo contempla "modificaciones de normativa vigente" y apunta a legalizar ciertos comportamientos del pasado. También mencionó que estas modificaciones podrían tener impactos en el sistema tributario, aunque no abundó en detalles sobre ese aspecto.
Francos explicó que la elaboración del texto contempló distintas dimensiones legales y fiscales, y que la firma del proyecto se concretó la noche anterior a su declaración pública. Indicó que el envío al Congreso se realizó a través del sistema electrónico y que desde ese momento quedó habilitado el tratamiento parlamentario del proyecto.
El contenido completo del texto legislativo no fue divulgado en detalle, pero el funcionario insistió en que su eje principal es brindar garantías legales para la utilización de ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema. También mencionó que se busca eliminar obstáculos legales que podrían disuadir a los potenciales usuarios del nuevo régimen.
El proyecto se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de incrementar la base monetaria sin emisión, apelando a recursos existentes en el país que hasta ahora no fueron incorporados al circuito económico formal. El objetivo, según se desprende de las declaraciones del jefe de Gabinete, es que estos fondos contribuyan a estimular la inversión y el consumo, en lugar de mantenerse inmovilizados por temor a eventuales sanciones legales.
En sus declaraciones, Francos evitó vincular esta iniciativa con intentos anteriores de regularización de activos no declarados, aunque admitió que la práctica de ahorrar en dólares fuera del sistema bancario responde a una conducta arraigada desde hace décadas en la sociedad argentina. Mencionó como referencia temporal el período posterior al Rodrigazo, en alusión a la crisis económica de 1975, aunque no lo desarrolló en profundidad.
A lo largo de la entrevista, el ministro subrayó que el enfoque del Gobierno es evitar mecanismos que impliquen nueva emisión monetaria o incremento de la presión impositiva. Reiteró que el plan del presidente Milei es mantener el equilibrio fiscal y que toda iniciativa legislativa que implique un gasto sin financiamiento será vetada. En ese marco, la recuperación de fondos existentes dentro del país aparece como una vía para fortalecer la disponibilidad de recursos sin afectar el esquema fiscal del Ejecutivo.
Francos también sostuvo que muchos de los ahorristas que recurrieron al mercado informal no tenían una intención delictiva, sino que actuaban motivados por la necesidad de proteger el valor de sus recursos frente a la inflación y la volatilidad cambiaria. Por ese motivo, consideró razonable que el Estado habilite condiciones para que esos fondos puedan ser reutilizados sin riesgo de sanciones retroactivas.
El funcionario no respondió preguntas sobre los plazos concretos de implementación del régimen ni sobre eventuales requisitos que podrían exigirse a los interesados en adherirse al mismo. Tampoco se refirió a los mecanismos de fiscalización o controles que acompañarán la aplicación del nuevo marco normativo.
Según lo indicado, el proyecto ingresó formalmente al Congreso y ahora dependerá de las comisiones correspondientes evaluar su contenido y definir su avance dentro del calendario legislativo. No hubo menciones a apoyos específicos dentro del Parlamento, ni a negociaciones con bloques opositores para garantizar la sanción de la norma.
El jefe de Gabinete consideró que el proyecto aprobado en Diputados es "de una irresponsabilidad política muy grande". "¿De dónde piensan que salen los fondos?", disparó el ministro coordinador.
Francos afirmó que el texto fue trabajado y firmado personalmente por él y por el presidente Javier Milei, lo que confirma que el proyecto cuenta con el respaldo directo del Poder Ejecutivo. También insistió en que su contenido apunta a "garantizar lo que se dice" en relación con la utilización de los ahorros de la población.
Al hablar sobre el contexto general de la medida, el jefe de Gabinete destacó que el país enfrenta un desafío estructural vinculado al nivel de informalidad de su economía. En ese sentido, la incorporación de capitales no declarados aparece como una estrategia para fortalecer la liquidez interna, sin recurrir al endeudamiento externo ni a la emisión monetaria.
La medida forma parte del paquete más amplio de reformas que el Gobierno impulsa para modificar aspectos estructurales del modelo económico, aunque Francos evitó vincularla directamente con otras iniciativas legislativas. Su declaración se centró exclusivamente en la ley firmada y enviada, sin ofrecer definiciones sobre otras normas en carpeta.
Francos reiteró que la meta del Gobierno es establecer condiciones para que la actividad económica se expanda a partir de recursos ya existentes, sin afectar el orden fiscal ni recurrir a mecanismos de financiamiento considerados nocivos por la administración actual.
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