En busca de la verdad
En busca de la verdad
Las órdenes de detención ocurrieron a partir del fallo de la Corte Suprema que se emitió la semana pasada.
Cinco de los condenados por la causa conocida como la Ruta del Dinero K cumplirán sus penas en prisión domiciliaria, luego de que el Juzgado Federal aceptara los pedidos presentados por sus defensas. La decisión llega tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que la semana pasada confirmó las condenas por lavado de dinero dictadas en instancias anteriores.
Los beneficiados con el arresto domiciliario son Fabián Rossi, Eduardo Castro, César Fernández, Carlos Molinari y Juan Alberto De Rasis, todos condenados por su participación en maniobras de lavado de activos vinculadas al empresario Lázaro Báez.
Inicialmente, los cinco implicados debían ser alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Sin embargo, presentaron informes médicos y certificados de salud que fueron analizados por el tribunal, el cual finalmente hizo lugar a sus solicitudes. En algunos casos, como el de De Rasis, la edad avanzada (superior a los 70 años) fue determinante para aplicar el beneficio previsto en el Código Penal y la ley de ejecución penal.
La medida, que sucede tras del fallo de la Corte Suprema, también alcanza a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín. Decidirá el Tribunal Oral Federal 4.
La Ruta del Dinero K es una de las causas más emblemáticas que expuso el entramado de operaciones financieras ilícitas durante el kirchnerismo, centrado en el empresario Lázaro Báez. En el juicio oral, Báez fue condenado a 12 años de prisión, y en la misma sentencia se estableció la responsabilidad penal de numerosos colaboradores y prestanombres.
Uno de ellos fue Fabián Rossi, apodado mediáticamente como "el Rossi de Panamá", quien estuvo involucrado en sociedades offshore que canalizaban fondos desde la Argentina hacia cuentas en el exterior.
La confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema, al rechazar los recursos extraordinarios, dejó firme la pena para los condenados, quienes, al ser notificados, se presentaron ante la Justicia para comenzar a cumplir la sentencia.
Aunque el arresto domiciliario es legalmente procedente en casos de problemas de salud o edad avanzada, la decisión genera críticas entre sectores que reclaman igualdad en el cumplimiento de las penas y cuestionan los beneficios otorgados en delitos de corrupción.
