La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), junto a 30 entidades representativas del sector, emitió un contundente comunicado en respuesta a un proyecto de ley que busca eliminar, sin análisis ni fundamentación técnica, una política de Estado clave para la vitivinicultura argentina. El proyecto, presentado por un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, ha generado un fuerte rechazo por su falta de consulta y su desconocimiento de una actividad que es pilar económico y cultural del país.

COVIAR, aclaró en el comunicado, no es una cámara empresaria ni un sindicato, sino una institución impulsada y financiada por el sector privado para articular consensos y ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI). Este plan, fruto del acuerdo entre productores, bodegas y otros actores, ha posicionado a Argentina como el 9º mayor mercado consumidor de vinos, 11º exportador en volumen, 8º productor mundial y 2º exportador de jugo concentrado de uva. Con presencia en 17 provincias, desde Jujuy hasta Chubut, la vitivinicultura genera empleo para 15.784 productores, 875 establecimientos y 400 empresas exportadoras, además de impulsar el turismo con 487 bodegas abiertas al público.

El comunicado destaca que el aporte al PEVI representa solo un 0,019% del precio de un vino, desmintiendo que la discusión sea por costos o competitividad. En cambio, señala la excesiva presión impositiva, que supera el 58,3% de los ingresos del sector, como un problema real que no se aborda. Las entidades firmantes critican la improvisación del proyecto y advierten sobre una discusión más profunda: el federalismo frente al centralismo. "No es una cuestión de recursos, sino de representatividad de la vitivinicultura y de quién define las políticas de desarrollo", subraya el texto.

COVIAR es presentada como un modelo innovador que articula al sector privado, el mundo científico-académico y el Estado para optimizar recursos y proyectar una vitivinicultura competitiva y dinámica. Las entidades firmantes, que incluyen cámaras, asociaciones y cooperativas de todo el país, rechazan cualquier intento de desmantelar esta estrategia consensuada, que consideran esencial para una actividad que crea marca país y fomenta el desarrollo regional.

El comunicado concluye con un llamado a proteger una política de Estado que ha demostrado resultados concretos, advirtiendo contra decisiones inconsultas que podrían poner en riesgo a un sector clave para la economía y la identidad argentina.

Entidades firmantes: Asociación Civil Santafesina de Vitivinicultores, Asociación de Bodegas de Quebrada de Humahuaca, Asociación de Bodegas, Elaboradores y Productores de Tinogasta, Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas - ACOVI, Asociación de Viñateros de Mendoza - AVM, Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos, Asociación de Enólogos de La Rioja, Cámara Argentina de Vinos a Granel, Cámara de Agricultura, Industria, Comercio y Ganadera del Valle de Tupungato (Mendoza), Cámara de Bodegas y Viñedos del Tucumán, Cámara de Bodegueros de La Rioja, Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de General San Martín (Mendoza), Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael (Mendoza), Cámara de Fabricantes y Exportadores de Jugo Concentrado de Uva - CAFEM, Cámara de Productores Vitícolas de San Juan, Cámara de Turismo de Maipú (Mendoza), Cámara Empresaria de Rivadavia (Mendoza), Cámara Riojana de Productores Agropecuarios - CARPA, Cámara Vitivinícola de La Pampa, Cámara Vitivinícola de San Juan, Cámara de Turismo, Comercio e Industria de San Carlos (Mendoza), Centro de Enólogos de San Juan, Consejo Profesional de Enólogos de San Juan, Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de San Juan, Federación Económica de Mendoza - FEM, Federación de Cámaras Vitícolas de la República Argentina, Fondo Vitivinícola Mendoza, Forum Mundial de Cooperativas Vitivinícolas / Wine Cooperatives Forum (Cooperativas vitivinícolas de España, Francia, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina), Sociedad Rural del Valle de Uco, Unión Vitivinícola Argentina - UVA.