Según Teixidor, el nombramiento de jueces en comisión por parte del Presidente está contemplado en la Constitución, pero su validez depende de que el pliego sea tratado en el año legislativo correspondiente. En este caso, el pliego no solo fue tratado, sino rechazado, lo que, en opinión del abogado, invalida su continuidad en el cargo.

El caso genera incertidumbre, ya que no hay antecedentes claros. Teisidor recuerda un ejemplo similar en los años 60, bajo un gobierno militar, pero nada idéntico en la historia reciente. "Interpreto que García Mancilla debería dejar el cargo", afirma, dado que su designación no logró el visto bueno del Senado, una etapa clave del proceso.

El juez habría consultado a sus pares en la Corte para definir su situación, mientras que una medida cautelar del juez federal Ramos Padilla, con competencia en La Plata, ya se pronunció indicando que García Mancilla no puede continuar en el cargo.

Teixidor señaló también que los cargos en la magistratura son designaciones políticas por naturaleza, aunque se espera que una vez nombrados, los jueces actúen con independencia de quienes los promovieron. "La Constitución impone este juego entre poderes para justificar que luego el cargo sea vitalicio mientras dure la buena conducta", explicó.

El rechazo del pliego por parte del Senado representa, según el constitucionalista, un fracaso en la negociación política. "No es una situación feliz, pero está dentro de las reglas del juego", concluyó. Ante esta situación, lo que corresponde es iniciar un nuevo proceso de nominación, con otros postulantes, que permitan restablecer el funcionamiento pleno del máximo tribunal.