El coleccionismo de cajitas plásticas y discos brillantes en el mundo de las consolas tiene los días contados, y la diplomacia internacional acaba de confirmar que no moverá un solo dedo para evitarlo. La Unión Europea se pronunció de manera oficial sobre el polémico plan de Sony para dejar de fabricar videojuegos en formato físico a partir de enero de 2028, asegurando que carece de herramientas legales para intervenir en la estrategia de la multinacional japonesa. El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, argumentó ante la prensa internacional que este tipo de giros corporativos representan decisiones amparadas bajo las libertades comerciales y contractuales de las empresas privadas, las cuales son plenamente libres de ofrecer sus servicios de la manera que consideren oportuna, siempre y cuando se respeten los marcos de defensa del consumidor vigentes.

La histórica reestructuración de PlayStation, anunciada con bombos y platillos a principios de julio, encendió las alarmas de la comunidad gamer global al decretar que todas las novedades de su catálogo pasarán a ser exclusivamente digitales en menos de dos años. El principal temor de los usuarios radica en un cambio de paradigma respecto de la propiedad real del software: al comprar un disco físico, el jugador adquiere un bien tangible que puede conservar, revender o prestar de por vida; en cambio, el mercado digital solo comercializa licencias temporales de uso. Este vacío legal deja a los consumidores expuestos a que las tiendas cierren de manera imprevista sus servidores o modifiquen unilateralmente las condiciones de acceso a títulos por los que ya pagaron sumas importantes de dinero.

Frente a este inminente apagón analógico, colectivos de usuarios de todo el planeta vienen coordinando resistencia a través de la campaña Stop Killing Games, un movimiento civil que exige leyes estrictas contra la obsolescencia planificada de los soportes lúdicos para obligar a los estudios a dejar los juegos en un estado funcional antes de desconectar sus servidores. Sin embargo, el Parlamento Europeo ratificó que no existen bases técnicas ni jurídicas para proponer reformas legislativas que obliguen a las corporaciones a preservar sus títulos de forma obligatoria, limitándose únicamente a proponer la futura creación de un código de conducta voluntario de buenas prácticas para coordinar el fin del soporte técnico de manera amigable.

A pesar de la fría respuesta de los despachos de Bruselas, la resistencia de los fanáticos sigue sumando voluntades en la web bajo la bandera de "Don"t Kill the Disc", una iniciativa de junta de firmas masiva en la plataforma Change.org que ya superó la impactante marca de los 309.000 adherentes globales. Los promotores de la campaña buscan presionar directamente a las oficinas centrales de PlayStation en Tokio para que mantengan la producción de discos como una alternativa Premium de nicho para quienes se resisten a que sus bibliotecas de juegos dependan de la nube y de la buena voluntad de un servidor corporativo.