En busca de la verdad
En busca de la verdad
La falta de acceso a infraestructura retrasa la expansión de nuevas tecnologías y obliga a operadores a repensar estrategias de inversión y despliegue
La parálisis regulatoria del sector de telecomunicaciones en Argentina desplazó el foco de la disputa: de los despachos oficiales a la batalla territorial por el activo más estratégico del ecosistema digital: el poste. Mientras el mercado aguarda la resolución final sobre la fusión entre Telecom y Telefónica, la pelea por la "milla final" se consolida como el principal cuello de botella para la expansión de la conectividad y el despliegue de redes de nueva generación.
El dato es contundente: el ingreso promedio por usuario (ARPU) se triplicó en un año, pasando de u$s7 en diciembre de 2023 a u$s21 en diciembre de 2024, y el sector enfrenta la necesidad de invertir al menos u$s12.600 millones entre 2025 y 2029 para sostener la competitividad.
En telecomunicaciones, los postes -los apoyos aéreos donde se cuelgan los cables de fibra óptica y energía- son la base física de la "milla final". Controlar ese recurso significa decidir quién puede desplegar redes en cada ciudad y a qué costo, por eso se transformaron en un activo estratégico: sin acceso a los postes, ningún operador puede ampliar cobertura ni competir en el mercado.
El escenario actual está marcado por una tensión creciente entre las grandes operadoras y los proveedores de servicios de internet (ISP) locales. La intención política de fomentar la competencia mediante la apertura de redes choca contra la realidad física de una infraestructura saturada y defendida como un activo estratégico. Para las grandes compañías -Telecom, Movistar y Claro-, la infraestructura pasiva no es solo soporte técnico, sino una barrera de entrada que protege su cuota de mercado.
En un contexto donde el ingreso por abonado (ARPU) se volvió decisivo, el control de ductos y apoyos aéreos permite regular el ingreso de competidores en zonas críticas.
Un informe de Deloitte sobre el proceso de desregulación 2023-2025 explica por qué la captura de cada nuevo cliente se volvió prioridad absoluta. El ARPU pasó de apenas u$s7 en diciembre de 2023 a u$s21 en diciembre de 2024, un incremento del 200% en dólares que transformó la rentabilidad del sector. A esto se suma la reducción en los costos de adquisición: el alta por cliente descendió de u$s159 a u$s98, gracias a la flexibilización en la importación de hardware y equipos de red. Con márgenes más amplios y costos de despliegue a la baja, el único obstáculo remanente es la infraestructura física para colgar la fibra óptica.
El desafío no es menor. La consultora estima que el sector requiere una inversión mínima de u$s12.600 millones entre 2025 y 2029 para recuperar competitividad y satisfacer la demanda proyectada, pero la estructura impositiva asfixia al consumidor: más del 40% del abono de internet corresponde a impuestos y tasas.
Para las más de 1.200 ISPs del interior, los costos operativos son críticos. El alquiler de infraestructura ajena representa hasta el 40% del gasto operativo mensual de una PyME tecnológica. Según el CABASE Internet Index, más del 10% de los hogares aún dependen de tecnologías obsoletas, y la migración a fibra óptica demanda que el 70% del costo total se destine a infraestructura pasiva.
La fragmentación normativa entre más de 2.000 municipios funciona como escudo burocrático para los incumbentes. Un caso paradigmático ocurrió en Pehuajó, donde la negativa municipal a permitir el acceso a los postes obligó al ENACOM a intervenir y ordenar el uso compartido de la infraestructura. "El despliegue en la localidad solo fue posible tras esa resolución", recordó Sergio Rossi, directivo de Fibra Óptica Pehuajó (FOPSA).
Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, calificó estas prácticas de "ilegales, inconstitucionales y altamente perjudiciales", acusando a las administraciones locales de "cerrar las ciudades a la competencia". Patricio Seoane, gerente general de Internet Services, denunció la existencia de "blindajes" regulatorios entre municipios, operadores dominantes y empresas eléctricas que impiden una competencia efectiva y encarecen el servicio final.
La aprobación de la fusión entre los dos mayores jugadores del mercado es la principal moneda de cambio del Gobierno. El ENACOM enfrenta la presión de las PyMEs para que la consolidación esté condicionada a un reglamento de compartición obligatorio. El objetivo oficial es captar capitales vía RIGI -que al cierre de 2025 anunció inversiones por u$s148.800 millones- y garantizar que la infraestructura sea eficiente para el 5G.
El despliegue de 5G requiere una densidad de nodos hasta 10 veces superior a la del 4G: estudios de Telecom Advisory Services (TAS) muestran que en países con modelos de "Open Access" la velocidad de despliegue es un 30% más rápida y los costos para el usuario un 15% menores.
La reingeniería del ENACOM, que según Deloitte redujo su personal en un 35% y agilizó un 70% los trámites digitales, busca preparar el terreno para esta etapa.
La irrupción de empresas de torres independientes como American Tower añade complejidad. Para 2026, el mercado regional moverá u$s30.000 millones, migrando hacia el "leasing de infraestructura". Este modelo busca profesionalizar la gestión de activos físicos, separando la propiedad del poste de la prestación del servicio, una tendencia que podría destrabar conflictos en zonas donde las operadoras tradicionales se niegan a ceder espacio.
