Los consumidores locales que tuvieron o conservan modelos específicos de teléfonos inteligentes de Apple podrán acceder a una compensación económica tras resolverse una causa judicial iniciada en los tribunales nacionales. La empresa tecnológica acordó constituir un fondo de tres millones de dólares a repartir entre los propietarios de terminales de las series iPhone 6, 6s, 7 y el primer iPhone SE, luego de un litigio colectivo por la desaceleración deliberada de los dispositivos a medida que se desgastaba su batería, maniobra que a nivel global trascendió bajo el nombre de BatteryGate.

La medida judicial se originó a partir de una presentación efectuada a comienzos de 2020 por la asociación de consumidores Adelco ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 21. Aunque la compañía argumentaba en sus descargos que la merma en la velocidad del procesador buscaba evitar apagados repentinos del equipo, los demandantes sostuvieron que la práctica forzaba a los usuarios a renovar sus aparatos prematuramente, alcanzándose un acuerdo resarcitorio similar al que ya se implementó en Estados Unidos.

El monto individual definitivo que cobrará cada beneficiario dependerá del volumen total de inscriptos, con un tope fijado en 40 dólares por equipo. En caso de que queden fondos excedentes sin asignar una vez culminada la etapa de liquidación, los recursos sobrantes serán transferidos en concepto de donación al Hospital Garrahan.

Requisitos de participación y trámite digital

Para acceder al cobro del resarcimiento no resulta obligatorio tener el teléfono en mano, aunque sí se exige acreditar la residencia en la Argentina al 4 de febrero de 2020 y suministrar el código identificatorio IMEI o MEID del aparato. Quienes ya no posean el equipo físico pueden recuperar dicho número ingresando a la lista de dispositivos vinculados dentro de su perfil digital personal de la marca.

La gestión se centralizará a través de la plataforma web acuerdosmartphones.com.ar una vez que el juzgado disponga formalmente la apertura del padrón. Los interesados deberán cargar sus datos identificatorios, completar una declaración jurada digital y aguardar la validación técnica correspondiente. Tras el cierre del período de recepción de trámites, los pagos se transferirán a las cuentas bancarias designadas por los titulares en un lapso estimado de hasta tres meses.