Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años acusada de racismo, enfrentará el próximo martes 24 de marzo el inicio formal del juicio en su contra en los tribunales de Río de Janeiro. La primera audiencia del proceso no solo comenzará a definir el futuro penal de la joven, quien permanece desde hace dos meses con la prohibición de abandonar Brasil y es monitoreada por una tobillera electrónica, sino que pondrá a prueba el alcance de las gestiones diplomáticas para lograr su retorno a la Argentina. Ese día, Páez se presentará ante el Juzgado Penal 37 de Río, en el centro de la ciudad.

El altercado que originó la causa ocurrió el 14 de enero, a la salida de un bar en Ipanema, cuando la joven fue grabada mientras realizaba gestos racistas que imitaban los movimientos de un mono dirigidos a los empleados del establecimiento. Lo que en un principio su anterior representación legal intentó justificar como una reacción desmedida ante una presunta estafa en el cobro y gestos obscenos del personal, dio un giro de 180 grados la semana pasada.

La letrada brasileña Carla Junqueira asumió la defensa y redefinió por completo la estrategia. Su plan se basa en admitir que se cometió un delito, pero argumentando que Páez puede responder por él desde la Argentina. Como parte fundamental de este nuevo enfoque, Junqueira le aconsejó que rompiera el silencio, impuesto como estrategia por la defensa anterior, y pudiera expresar su arrepentimiento ante la sociedad.

"He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso. Pido disculpas a quien pueda haberse sentido ofendido", expresó la joven en las últimas horas. Ese pedido de perdón llegó desde el más absoluto encierro. Hoy, se mantiene recluida en un departamento en Río de Janeiro, alejada de la zona turística, y prácticamente no sale a la calle por temor a sufrir agresiones.

Lejos de considerar el incidente como un único exabrupto, la fiscalía de Río le imputa a Páez tres hechos de racismo diferentes. Por este motivo, plantea la figura del "concurso material": considerar cada episodio como un delito distinto y sumar las penas. Si prospera esta postura punitiva, las condenas podrían alcanzar hasta los 15 años de prisión. Sin embargo, Junqueira es categórica sobre la fragilidad de esta acusación: "Técnicamente hablando, más allá de la versión de los denunciantes, no hay ninguna prueba en imágenes de que haya ocurrido un delito dentro del bar".

En diálogo con LA NACION, la defensa explicó que el objetivo central de su táctica es que el juez desestime los otros dos supuestos incidentes por carecer de pruebas fílmicas, reduciendo la acusación a un solo hecho. De lograrlo, y al no tener antecedentes penales, la condena de Páez podría potencialmente recaer sobre la pena mínima de dos años. Esta cifra es clave: al ser inferior a los cuatro años de prisión, sería excarcelable según la ley brasileña. No obstante, el magistrado definirá esta cuestión de fondo recién al momento del fallo.

Un proceso en primera instancia de este tipo, según los cálculos de la defensa, podría demorar entre dos y tres años en la justicia local.

Agostina Páez se abraza con su padre Mariano, en Brasil, donde permanece con tobillera electrónica

Y a pocos días de la audiencia, la batalla principal no se libra únicamente en los estrados judiciales, sino en un complejo laberinto burocrático y diplomático. La defensa busca una victoria inmediata: la revocación de las medidas cautelares, para levantarle la prohibición de dejar Brasil y quitarle la tobillera electrónica. Para ello, se activó un canal institucional al más alto nivel mediante gestiones diplomáticas ante altos funcionarios del Palacio San Martín y el Ministerio de Justicia de Brasil.

Tras un largo derrotero por despachos oficiales en Buenos Aires y Brasilia, se confirmó que el consulado argentino en Río tiene la potestad de enviar una carta al juez de la causa. "La Cancillería iba a dar la instrucción al consulado para que pueda intervenir", confirmó Junqueira a este diario, remarcando que el documento oficial es clave para la audiencia del martes de la semana próxima.

"Es importante para que el juez entienda que la Argentina efectivamente tiene garantías de que el proceso penal será cumplido aquí", detalló la abogada. La intervención del consulado argentino podría servir como un "seguro" para el magistrado de que Páez no quedaría impune si regresa al país.

En tanto, la defensa de la abogada santiagueña definió la postura que adoptará durante la audiencia del 24 de marzo. La dinámica procesal de esa jornada establece que primero tomará la palabra la acusación, después la querella y, por último, la defensa. A pesar de su reciente arrepentimiento público, la joven hará uso de sus garantías legales y permanecerá en silencio.

"No quiero que ella responda a las preguntas de la fiscalía porque nunca sabemos qué tipo de truco pueden querer meter", justificó Junqueira. En el juzgado, la letrada -que viajará especialmente a Río para asistir de manera presencial a la acusada- se limitará junto a su defendida a escuchar a los denunciantes y los alegatos.

El silencio estratégico contrasta con el clima de hostilidad que rodea a Páez por estas horas. Su defensa incorporó al expediente capturas de pantalla con amenazas de muerte recibidas en redes sociales, entre las que destaca un inquietante mensaje proveniente de una cuenta atribuida al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más peligrosas del país. Para la abogada defensora, el trance que atraviesa la joven, aislada y amenazada en el extranjero, configura un escenario de "violencia psicológica y de género" que está siendo soslayado por el Estado brasileño.

El próximo martes, en Río, comenzará a definirse la suerte de la joven, de quien la justicia de Brasil parece haber hecho un caso emblemático para ponerle un freno al racismo.