Mientras la Justicia avanza con las pruebas genéticas, crece la presión política para esclarecer la cadena de responsabilidades detrás de uno de los mayores escándalos sanitarios del país.
La causa por el fentanilo contaminado, que ya investiga al menos 68 muertes y decenas de casos graves en hospitales públicos y privados del país, sigue creciendo con nuevas pruebas judiciales, pero ahora también suma repercusiones políticas.
En medio de una sesión cargada de proyectos que iban desde cuestiones sanitarias hasta temas económicos, la Cámara de Diputados finalmente no trató, por falta de quórum, la creación de una comisión investigadora para esclarecer cómo ingresó al sistema de salud un medicamento contaminado y quiénes deben hacerse cargo de lo ocurrido.
Entre ellas está Ariel García Furfaro, señalado como principal responsable de las firmas, junto a familiares, directores técnicos y encargados de control de calidad. Todos tienen prohibido salir del país y están siendo investigados por presuntos delitos, pero hasta ahora no fueron indagados.
La clave ahora está en los estudios científicos que buscan determinar si las bacterias encontradas en los cuerpos de los fallecidos coinciden genéticamente con las halladas en las ampollas del lote contaminado. Si esa prueba se confirma, sería un indicio directo de la responsabilidad penal de los fabricantes y distribuidores.
En las últimas horas, la ANMATconfirmó queHLB Pharma no tiene habilitación vigente para producir ni vender medicamentos. Si bien la firma figura en los registros, hace años que no cumple con los requisitos mínimos. No tiene director técnico habilitado, ni puede importar, elaborar ni fraccionar ningún tipo de producto médico. En términos prácticos, está fuera de circulación.
Del lote contaminado, 64.003 ampollas fueron recuperadas, 45.391 están en depósitos judiciales y 11.405 siguen localizables, aunque todavía no fueron recolectadas. El resto ya se usó.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud confirmó 67 casos asociados al brote: 46 en Santa Fe, 19 en Buenos Aires y 2 en CABA. Pero en el juzgado ya tienen documentadas al menos 68 muertes, pero podría haber muchas más que no fueron notificadas oficialmente.
Uno de los casos más dramáticos es el de Giovanni, que fue descubierto por TN. El bebé está internado en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, donde se reportaron al menos cuatro víctimas, una de ellas fatales.
Según contó su mamá, el nene nació por cesárea sin complicaciones, pero a las pocas horas empezó con síntomas de una infección. Fue intubado y sedado con fentanilo. Nadie sabía que el medicamento estaba contaminado. Para cuando se supo, ya era tarde. Hoy, la mujer espera un milagro.
Fuentes del caso informaron que esa clínica compró 1.700 ampollas del lote 31202 y entregó solo cuatro historias clínicas a la Justicia. En contraste, el Hospital Italiano de La Plata aplicó 1.300 dosis y reportó más de 15 fallecimientos. Donde más muertes hubo fue en Santa Fe, con más de 40 casos.
"Las cifras podrían crecer en los próximos meses, ya que son los propios familiares los que denuncian las sospechas. Muchos de los que murieron en ese hospital podrían ser potenciales víctimas", indicó la misma fuente.
En medio de este panorama, apareció otro dato que alarmó a la Justicia. Según denunció el Ministerio de Seguridad, HLB Pharma habría presentado un certificado municipal trucho para importar citrato de fentanilo. El documento, supuestamente emitido por la Municipalidad de San Isidro, fue usado en diciembre de 2023 ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE).
Pero el municipio lo desmintió y aseguró que nunca lo emitió. De hecho, la empresa ya había perdido incluso la habilitación provisoria con la que venía operando desde hacía más de una década.
En una larga sesión, se aprobó el aumento del financiamiento universitario, la declaración de la emergencia en pediatría y se emplazó a las comisiones para tratar los proyectos que impulsan los gobernadores para dotar de más fondos a las provincias