La iniciativa mantiene el CUD, la actualización mensual por inflación y la compatibilidad de las pensiones con el empleo registrado. En el recinto, el oficialismo defendió la previsibilidad fiscal y la oposición cuestionó el ajuste.
El Senado de la Nación debate este jueves el proyecto de Ley de Discapacidad con el objetivo de dejar atrás el esquema de emergencia vigente —cuyo vencimiento opera en diciembre de este año— y establecer un régimen permanente que garantice previsibilidad en las prestaciones y recursos del sector. La iniciativa conserva los ejes centrales de la normativa actual, entre ellos la vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual de los aranceles según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la continuidad de la pensión no contributiva, que podrá seguir percibiéndose en simultáneo con un empleo registrado.
Durante la apertura de la discusión por parte del oficialismo, el senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde defendió la necesidad de dotar al sistema de reglas duraderas y descartó que la propuesta implique una reducción de derechos: “Genera un régimen permanente en reemplazo de la emergencia en discapacidad. La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación de emergencia se prorroga año tras año, se genera incertidumbre para los beneficiarios y los prestadores. Este proyecto no entraña ningún recorte. Es el resultado de un amplio consenso”, sostuvo.
En la misma línea, la legisladora libertaria Nadia Márquez destacó el trabajo realizado para otorgar estabilidad al régimen y confirmó que habrá actualizaciones en las pensiones, al tiempo que subrayó el resguardo de las cuentas públicas: “Este proyecto determina exactamente de dónde saldrán los recursos, para mantener la responsabilidad fiscal”, afirmó.
Desde la Unión Cívica Radical (UCR) respaldaron el entendimiento alcanzado, aunque advirtieron sobre la necesidad de asegurar su efectiva ejecución presupuestaria. El senador Maximiliano Abad señaló que la crisis del sector pudo haberse evitado tras la sanción de la emergencia dos años atrás y recordó que “en el Presupuesto 2026 se intentó derogarla y en el 2027 se intentó modificar y quitar artículos clave”, pero valoró el consenso actual: “Celebro el acuerdo al que se arribó, que trasciende la emergencia y da una respuesta integral”.
Por su parte, la senadora radical Mariana Juri remarcó que las dificultades del área arrastran un deterioro previo a la actual administración al indicar que “el problema con los discapacitados no empezó con este Gobierno, se han perdido partidas durante años”. En ese marco, enfatizó la relevancia de la asignación de recursos: “Estamos en un momento clave, porque el Presupuesto tiene que tener previstos estos fondos”.
Desde los bloques del peronismo acompañaron la preservación de los derechos vigentes, pero dirigieron duros cuestionamientos hacia la política social y económica del Poder Ejecutivo. La senadora Alicia Kirchner llamó a priorizar el enfoque humanitario por encima de las variables financieras: “¿Seremos capaces de poner a las personas en el centro del debate? La verdadera medida del desarrollo de una sociedad no está en sus balances, en lo económico. Sino en la acogida que se les da a las personas con discapacidad”, expresó, y concluyó que “la dignidad y el desarrollo de las personas nos exigen hacer un esfuerzo, que lo tenemos que hacer todos, no solo un sector”.
A su turno, Lucía Corpacci atribuyó el tratamiento de la ley a la movilización social y cuestionó las decisiones previas del Ejecutivo frente a leyes sancionadas por el Congreso: “Como los vetos fueron rechazados, el Presidente promulga la ley, pero rápidamente la suspende. Esta ley que estamos tratando existe porque la ciudadanía en su conjunto salió a la calle”, señaló, aclarando que, si bien deberían incorporarse más derechos, la norma “por lo menos mantiene lo que tienen hasta ahora”.
En un tono más confrontativo, el senador Eduardo “Wado” de Pedro calificó de grave la situación del sector y vinculó el impulso oficial al proyecto con cálculos electorales: “Lo único que le preocupa a Milei es su reelección, desconoce la realidad de las familias. Este proyecto de ley de Discapacidad forma parte de una estrategia del gobierno para corregir su rumbo para poder reelegir”, afirmó. En tanto, el sanjuanino Sergio Uñac reclamó que el Gobierno “debería pedir disculpas por haber tardado tres años en tratar este proyecto”, cuestionó que “parece que creían que estaban dando una dádiva” y criticó tanto el impacto del ajuste en el sector como la paralización de la obra pública. Finalmente, la senadora Ana Marks rechazó los operativos policiales desplegados ante reclamos de personas con discapacidad y cuestionó las expresiones del mandatario en redes sociales hacia un niño con autismo.