Politica Malvinas

El Gobierno modificó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para destrabar su tratamiento en Diputados

Tras las advertencias de Estados Unidos, el oficialismo acotó el esquema de sanciones por la explotación en Malvinas, exceptuó al periodismo de los delitos de manipulación pública e incorporó una comisión bicameral de control. Pese a las negociaciones, persiste la presión opositora para dividir la iniciativa.

Lunes, 26 de Octubre de 2026
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El gobierno de Javier Milei introdujo una serie de modificaciones al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con el objetivo de conseguir los respaldos necesarios para avanzar con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados, de cara al plenario de comisiones convocado para este martes. Las tratativas fueron encabezadas por la diputada libertaria Silvana Giudici para consensuar cambios con los bloques dialoguistas.

El texto original contemplaba sanciones para empresas y Estados extranjeros que exploten ilegalmente recursos argentinos en las Islas Malvinas -apuntando al proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas-. Tras las advertencias transmitidas por la administración estadounidense a través de encuentros con funcionarios como Christopher Landau, el Gobierno aceptó limitar las penalizaciones exclusivamente a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos, eximiendo de responsabilidad a los fondos de inversión indirectos.

Asimismo, la iniciativa ratifica la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que estará presidido por el jefe de Estado e incorporará a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, como miembro permanente para controlar inversiones extranjeras en áreas estratégicas. Para garantizar el apoyo de los bloques aliados, se aceptó conformar una Comisión Bicameral de Seguimiento -propuesta por el diputado Eduardo Falcone (MID)- facultada para auditar las decisiones del Consejo en un plazo de 48 horas.

Por otra parte, respecto al artículo que castiga con penas de prisión la alteración de procesos electorales o la manipulación de la opinión pública por cuenta de un Estado extranjero, se introdujo una redacción que excluye de forma expresa al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses, respondiendo a los planteos de la UCR y Unión por la Patria. Pese a estas modificaciones, bloques opositores insisten en reclamar la división del proyecto en dos tramos, mientras que el oficialismo defiende su tratamiento conjunto en el plenario.