En busca de la verdad
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La Libertad Avanza pretende firmar dictamen este martes en Diputados, mientras negocia cambios con los bloques dialoguistas.
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El oficialismo convocó para este martes a las 16 a una reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde intentará conseguir un dictamen favorable para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el presidente Javier Milei.
La iniciativa, que forma parte de la estrategia del Ejecutivo sobre el reclamo argentino por las Islas Malvinas, atraviesa una etapa de negociaciones debido a los cuestionamientos de sectores aliados y las preocupaciones planteadas por Washington respecto de las sanciones previstas para empresas extranjeras.
La diputada libertaria Silvana Giudici quedó al frente de las conversaciones para acercar posiciones con los bloques dialoguistas. Sin embargo, todavía no existe consenso suficiente para garantizar la firma de un dictamen de mayoría.
El encuentro estará encabezado por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, quienes presiden las tres comisiones encargadas de analizar la propuesta.
Uno de los principales puntos de conflicto surgió a partir de las observaciones realizadas por la administración de Donald Trump, que manifestó preocupación por las consecuencias que podría tener la legislación sobre compañías estadounidenses.
El tema fue abordado durante los encuentros que Milei mantuvo el viernes pasado en la Casa Rosada con el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau.
Las objeciones se concentran especialmente en el primer capítulo del proyecto, que contempla medidas contra empresas vinculadas con actividades de explotación hidrocarburífera en las aguas que Argentina reclama como propias.
Entre los emprendimientos alcanzados aparece Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas y desarrollado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas.
La redacción original también podría afectar a otras firmas que mantengan relaciones comerciales o societarias con las empresas involucradas, situación que despertó inquietud en Washington.
Ante este escenario, el Gobierno argentino analiza restringir el alcance de las sanciones y establecer criterios más específicos para identificar a operadores, proveedores, accionistas y licenciatarios vinculados directamente con actividades consideradas ilegales.
En las negociaciones también participó el embajador estadounidense Peter Lamelas, mientras que representantes libertarios mantuvieron reuniones para revisar los artículos que serán discutidos en Diputados.
Las dificultades del oficialismo no se limitan al frente internacional. En el Congreso, Argentina Federal, espacio conducido por Oscar Herrera Ahuad, expresó reparos sobre distintos apartados del proyecto.
El diputado misionero Alberto Arrúa anticipó que rechazará la iniciativa porque considera que incorpora reformas que exceden la defensa de la soberanía sobre Malvinas.
Entre sus cuestionamientos aparece la inclusión de modificaciones relacionadas con defensa, seguridad interior e inteligencia, además de disposiciones penales vinculadas con la interferencia extranjera en procesos electorales.
Según advirtió el legislador, el texto contempla penas de cinco a doce años de prisión para determinadas conductas relacionadas con la manipulación electoral y las campañas de desinformación.
Estas diferencias podrían complicar la obtención de las firmas necesarias para avanzar con el dictamen, por lo que el oficialismo no descarta convocar a una nueva reunión si fracasan las negociaciones del martes.
Otra de las modificaciones que analiza el Ejecutivo está relacionada con las atribuciones del Consejo de Seguridad, organismo que tendría facultades para autorizar o rechazar determinadas inversiones provenientes de Estados o empresas con capitales extranjeros.
La amplitud de esas competencias generó cuestionamientos por la posibilidad de que el Poder Ejecutivo concentre decisiones sin suficiente intervención legislativa.
Para responder a esas observaciones, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, anunció que el Gobierno aceptó incorporar una Comisión Bicameral de seguimiento, propuesta inicialmente por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo.
De acuerdo con el mecanismo planteado, el Ejecutivo deberá comunicar al Congreso, dentro de un plazo de 48 horas, las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad.
También se prevén cambios en el artículo 111, referido a la injerencia extranjera en elecciones y a las campañas de desinformación. La nueva redacción buscará excluir expresamente del alcance de esas sanciones al ejercicio del periodismo, la investigación académica y las actividades diplomáticas.
Pese a las dificultades parlamentarias, el asesor presidencial Santiago Caputo ratificó que la aprobación de la legislación constituye uno de los objetivos centrales de la administración libertaria.
"La Ley Malvinas es prioridad de este Gobierno porque la causa Malvinas, como ya ha dicho el Presidente, es una causa sagrada para los argentinos", expresó el funcionario, quien también aseguró que la mayoría de los gobernadores y bloques aliados respaldan la iniciativa.
Desde la oposición, el diputado y excanciller Jorge Taiana cuestionó la estrategia diplomática del Gobierno y sostuvo que la cercanía de Milei con Trump no modificó la posición estadounidense sobre la disputa territorial.
"El discurso malvinero del Gobierno se desmorona cuando choca con los intereses de Trump", afirmó el legislador de Unión por la Patria.
Taiana también remarcó que Washington mantiene su postura de neutralidad frente al reclamo argentino, pese al alineamiento político que impulsa la Casa Rosada.
En medio de las discusiones legislativas, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a pronunciarse sobre la cuestión Malvinas a través de sus redes sociales.
Al responder una consulta sobre el estado del tratamiento parlamentario, escribió: "Por eso los verdaderamente patriotas y malvineros hicimos silencio. Res non verba", una expresión en latín que significa "cosas, no palabras".
La titular del Senado también mantiene publicada su posición sobre la disputa de soberanía con el Reino Unido, en la que sostiene que el diálogo bilateral constituye el único camino para resolver el conflicto.
Además, plantea que la presencia británica en el Atlántico Sur involucra intereses estratégicos que van más allá de la discusión territorial.
Mientras tanto, el Senado continúa desarrollando actividades de reconocimiento a los veteranos de la Guerra de Malvinas a través de su Dirección Gesta de Malvinas.
La reunión del martes será determinante para conocer el futuro inmediato del proyecto. La Libertad Avanza intentará conseguir los apoyos necesarios para llevar la iniciativa al recinto, en un escenario en el que deberá equilibrar las exigencias de sus socios parlamentarios con las objeciones de Estados Unidos y su propia estrategia de defensa de la soberanía argentina.
