En busca de la verdad
En busca de la verdad
La Legislatura ya había aprobado una ley que permite contrataciones excepcionales, obras hidráulicas y reasignaciones presupuestarias durante 180 días, ante los riesgos climáticos previstos para la temporada 2026-2027.
El Gobierno de Mendoza declaró la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en todo el territorio provincial ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño durante el período 2026-2027. La medida quedó establecida mediante la Ley 9740, sancionada el 21 de octubre y publicada oficialmente este lunes 26.
La normativa tendrá una vigencia inicial de 180 días corridos y permitirá al Ejecutivo provincial adoptar medidas extraordinarias para reducir el impacto de eventuales temporales, inundaciones, desbordes de cauces y otros fenómenos meteorológicos que puedan poner en peligro a la población, la infraestructura y los servicios esenciales.
Uno de los principales cambios es que el Gobierno y los organismos descentralizados podrán realizar contrataciones de manera directa y urgente, sin necesidad de cumplir con todos los procedimientos previstos en el régimen general de contrataciones públicas. Esta herramienta busca acelerar la compra de materiales, equipamiento y servicios indispensables para responder ante situaciones de emergencia.
Sin embargo, la autorización tendrá límites: no podrá utilizarse para cubrir gastos habituales, necesidades que puedan planificarse con anticipación ni contrataciones que no tengan una vinculación directa con la emergencia climática.
La legislación también habilita la ejecución inmediata de obras hidráulicas y tareas de mantenimiento en canales, desagües pluviales, cursos de agua, sistemas cloacales y caminos que presenten riesgos frente a precipitaciones intensas.
A su vez, contempla el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y alerta temprana para identificar situaciones peligrosas y mejorar la capacidad de respuesta de los organismos provinciales.
En cuanto a los recursos económicos, el Ejecutivo podrá ampliar o redistribuir partidas presupuestarias para financiar las intervenciones necesarias durante la emergencia, priorizando aquellas destinadas a prevenir daños y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales.
La Ley 9740 establece que, una vez cumplidos los primeros 180 días, el Gobierno podrá prorrogar la emergencia por otros 180 días, siempre que justifique la decisión mediante un decreto. En ese caso, deberá informar la extensión a las cámaras de Diputados y Senadores dentro de los cinco días hábiles posteriores.
El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial será la autoridad encargada de implementar la normativa y tendrá diez días hábiles desde su promulgación para reglamentarla. También deberá coordinar las tareas preventivas con el Departamento General de Irrigación, los municipios y las empresas prestadoras de servicios públicos.
Pese a las facultades extraordinarias, la ley dispone que todas las intervenciones deberán respetar las normas ambientales y territoriales vigentes. Además, las contrataciones excepcionales estarán sujetas a criterios de transparencia, publicidad y control.
Por último, el Ejecutivo deberá presentar ante la Legislatura y publicar un informe detallado sobre las medidas ejecutadas, los recursos utilizados y las contrataciones realizadas. La rendición de cuentas tendrá que concretarse dentro de los 90 días posteriores a la finalización de la emergencia.
De esta manera, Mendoza contará con un régimen especial para anticiparse a posibles fenómenos meteorológicos extremos durante la temporada 2026-2027, sin necesidad de esperar a que se produzcan daños para intervenir en las zonas de mayor riesgo.
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