En busca de la verdad
En busca de la verdad
El Tribunal Oral Federal 5 dio inicio al juicio unificado por presunto lavado de dinero que involucra a 32 acusados, incluidos Cristina Fernández y Máximo Kirchner. La apertura contempla conexión remota excepcional para los procesados y audiencias presenciales obligatorias para las defensas.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) puso en marcha este viernes en los tribunales de Comodoro Py el juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, donde se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero a través de la actividad hotelera y el alquiler de inmuebles comerciales. El proceso cuenta con 32 imputados y representa el tercer juicio oral contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el primero que afronta su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.
Para la jornada inaugural, el tribunal integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni autorizó de manera excepcional la comparecencia remota de los imputados: la exmandataria sigue la audiencia desde su domicilio en Constitución, donde cumple arresto domiciliario, mientras que el legislador lo hace tras solicitar compatibilizar el proceso con su labor parlamentaria. La medida se limitará a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, tras lo cual regirá la presencialidad plena para los acusados y de forma ininterrumpida para sus abogados defensores.
La acusación en el debate está en manos de los fiscales Diego Velasco y Juan Agustín Argibay Molina, en tanto que la Unidad de Información Financiera (UIF) actúa como parte querellante. Todas las audiencias se transmiten en directo a través de la plataforma de YouTube del Poder Judicial de la Nación.
El esquema de audiencias prevé tres jornadas semanales (lunes, viernes y sábados), con fechas reservadas para los sábados 24 y 31 de octubre y la habilitación de la feria de enero de 2027 para garantizar la continuidad del proceso, sujeto a eventuales readecuaciones procesales que soliciten las partes.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que las sociedades comerciales funcionaron como una estructura para canalizar retornos a través de contratos de alquiler celebrados con empresas de los grupos Báez e Indalo. Los procesados quedaron divididos según su nivel de intervención:
Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
Lázaro Báez (señalado en carácter de organizador) y su hijo Martín Báez.
Romina Mercado y Osvaldo Sanfelice.
El contador Víctor Manzanares y el escribano Ricardo Albornoz.
Emilio Martín, Martín Samuel Jacobs y Alberto Oscar Leiva.
Adrián Berni, César Gerardo Andrés y Edith Magdalena Gelves.
Patricio Pereyra Arandia, Jorge Ernesto Bringas, Julio Enrique Mendoza y Alejandro Fermín Ruiz (vinculados al gerenciamiento y contrataciones de la firma Valle Mitre).
Cristóbal López y Fabián De Sousa (titulares de Grupo Indalo).
Leandro Báez, Luciana Báez y Claudio Bustos.
Carlos Alberto Sancho.
Los escribanos Norma Beatriz Abuin y Jorge Marcelo Ludueña.
Cinco empleados y directivos de la sucursal Río Gallegos del Banco Nación: Rolando Aníbal D’Avena, Marcelo Gustavo Mazú, Raúl Oscar Avarese, Lisandro Gauna y Mónica Liliana Romero.
