La Libertad Avanza intentará conseguir este miércoles un dictamen favorable en Diputados para avanzar con una reforma que modifica las condiciones de los desalojos, las indemnizaciones por expropiación y la compra de tierras rurales por extranjeros. La iniciativa forma parte de una estrategia para evitar que la oposición avance contra el DNU 70/2023.

El oficialismo nacional pondrá en marcha este miércoles 14 de octubre una nueva maniobra legislativa para impulsar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. La intención del Gobierno es acelerar su tratamiento en comisiones e introducir modificaciones vinculadas con la Ley de Tierras Rurales.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General fue convocado para las 16, con el objetivo de emitir un dictamen que permita llevar la iniciativa al recinto el próximo 21 de octubre.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), La Libertad Avanza y sus aliados buscarán conservar el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, pero eliminar la restricción de 1.000 hectáreas por titular en las zonas agrícolas más productivas del país. 

Gente de Salta

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La estrategia del Gobierno para frenar a la oposición

La decisión de incorporar nuevamente algunas restricciones a la adquisición de tierras representa un cambio en la postura que el oficialismo había defendido inicialmente.

El Gobierno de Javier Milei promovía la eliminación de los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011. Sin embargo, la falta de respaldo parlamentario y la posibilidad de que la oposición consiga rechazar el DNU 70/2023 llevaron al bloque libertario a revisar su estrategia.

El objetivo es presentar una regulación menos restrictiva que la legislación original, sin abandonar por completo los controles sobre la propiedad rural en manos extranjeras.

La discusión se produce en un escenario de tensión política, ya que distintos sectores opositores impulsan una sesión para este jueves 15 de octubre con la intención de avanzar sobre el decreto presidencial.

A este panorama se suma una reciente resolución de la Corte Suprema, que suspendió cautelarmente los efectos del artículo del DNU que derogaba la Ley de Tierras, en el marco de una presentación judicial de la organización ambientalista Árbol de Pie. 

El País

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Qué cambiaría con la nueva Ley de Propiedad Privada

Más allá de la discusión sobre las tierras rurales, el proyecto incluye reformas que podrían modificar los procedimientos judiciales relacionados con viviendas, terrenos y otros inmuebles.

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de agilizar los desalojos de propiedades ocupadas, mediante mecanismos que permitan una intervención judicial más rápida.

La iniciativa establece que los titulares de un derecho legítimo sobre un inmueble podrán solicitar su restitución cuando exista una ocupación irregular.

Si el propietario presenta documentación suficiente para acreditar su derecho, el juez podrá ordenar la devolución del inmueble y disponer una intimación dentro de las 72 horas, de acuerdo con las condiciones previstas en el proyecto.

Además, se contempla la posibilidad de recurrir a la fuerza pública cuando exista una resolución judicial que así lo autorice.

Qué pasará con los inquilinos que no paguen el alquiler

El texto también introduce disposiciones para los conflictos entre propietarios e inquilinos por falta de pago.

En estos casos, el locador deberá intimar previamente al inquilino para que regularice su situación.

El plazo mínimo previsto para cancelar la deuda será de 10 días desde la recepción de la notificación. Si el incumplimiento continúa, el propietario podrá iniciar una demanda de desalojo mediante el procedimiento judicial más breve que contemple la legislación correspondiente.

La notificación podrá enviarse al domicilio físico o electrónico declarado en el contrato, bajo las condiciones establecidas por la iniciativa.

Por otra parte, el proyecto contempla un mecanismo especial para situaciones de vulnerabilidad. Cuando en el inmueble residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, se prevé la intervención de organismos competentes para procurar una alternativa habitacional transitoria.

El plazo contemplado para esa intervención será de hasta 10 días, según la propuesta legislativa.

Expropiaciones: cuáles son las modificaciones que impulsa Milei

Otro de los capítulos relevantes está relacionado con las facultades del Estado para expropiar bienes privados.

La reforma propone que la declaración de utilidad pública tenga una interpretación restrictiva y que las autoridades deban justificar de manera expresa los motivos que fundamentan la expropiación.

En cuanto a las compensaciones económicas, el valor de la indemnización deberá establecerse sobre criterios objetivos, sin considerar cuestiones afectivas o ganancias meramente hipotéticas.

El texto también contempla una compensación por lucro cesante debidamente acreditado, con un límite del 30%, de acuerdo con las modificaciones introducidas durante su tratamiento parlamentario.

Asimismo, establece un mecanismo de actualización vinculado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y una tasa de referencia del Banco Nación.

La propuesta contempla, además, situaciones excepcionales en las que el Estado podrá disponer una ocupación temporaria de bienes privados por razones de necesidad pública, como emergencias sanitarias, catástrofes naturales o conflictos armados.

En esos casos, se establece un plazo de hasta 90 días, con posibilidad de prórroga bajo las condiciones previstas en la normativa. 

Chequeado

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Regularización de viviendas: qué establece el proyecto

La iniciativa también introduce modificaciones en la denominada Ley Pierri, que regula determinados procedimientos de regularización dominial para facilitar el acceso a la escritura de viviendas.

La propuesta busca permitir que familias que acrediten una posesión legítima, pacífica, pública y continua durante al menos diez años puedan acceder a los beneficios del régimen, siempre que se trate de una vivienda única y permanente y cumplan las demás condiciones legales.

El objetivo de esta modificación es ampliar las posibilidades de regularización para quienes habitan inmuebles desde hace años, pero todavía no cuentan con un título de propiedad a su nombre.

Una semana decisiva en el Congreso

El tratamiento del proyecto se produce después de las dificultades que enfrentó La Libertad Avanza para obtener su aprobación en el Senado.

Durante aquella negociación, el oficialismo debió retirar los capítulos que proponían modificar la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, además de realizar concesiones sobre la normativa vinculada con la integración de barrios populares.

Finalmente, la iniciativa consiguió media sanción con 37 votos afirmativos y 33 negativos, aunque con modificaciones respecto del texto original. 

Parlamentario

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Ahora, el Gobierno intentará recuperar parte de su propuesta inicial en Diputados, aunque con una fórmula que considera más viable para alcanzar los consensos necesarios.

La intención es llegar a la sesión del 21 de octubre con un dictamen favorable y avanzar en una reforma que combina cambios sobre la propiedad privada, los procedimientos de desalojo y las reglas para la compra de tierras rurales.

Sin embargo, si Diputados incorpora modificaciones al proyecto aprobado por el Senado, el texto deberá regresar a la Cámara alta antes de convertirse en ley.

La discusión de este miércoles será, por lo tanto, una nueva prueba de la capacidad del oficialismo para reunir apoyos en el Congreso y sostener su agenda de reformas.