El Gobierno volvió a defender este martes el DNU 70/2023 y advirtió que una eventual derogación en el Congreso podría reactivar una serie de regulaciones que la gestión de Javier Milei eliminó desde el inicio de su mandato. Entre los puntos señalados aparecen los alquileres, la Ley de Góndolas, las restricciones vinculadas a la compra de tierras por parte de extranjeros y distintas normas sobre comercio, salud y transporte.

La postura oficial fue expresada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Allí, el funcionario cuestionó la ofensiva opositora para rechazar el decreto y sostuvo que la caída de la norma implicaría volver atrás con parte importante del programa de desregulación impulsado por el Ejecutivo.

Uno de los ejes principales de su exposición fue la Ley de Tierras, sancionada en 2011 y posteriormente derogada por el DNU. Ravier defendió esa decisión al considerar que la Argentina cuenta con extensiones con potencial productivo que necesitan inversiones para desarrollarse.

Según explicó, la habilitación para ampliar las posibilidades de compra no debe ser leída como una cesión de soberanía ni como una entrega de recursos naturales. La posición oficial apunta a que el ingreso de capital permita incorporar nuevas áreas a la producción y generar actividad económica.

El debate tomó nuevamente fuerza después de una resolución de la Corte Suprema que, en la práctica, volvió a dejar vigente el artículo del DNU que había eliminado las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. Esa disposición había sido cuestionada judicialmente a partir de una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata.

A partir de ese escenario, distintos bloques opositores avanzaron con la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados prevista para el 15 de octubre. El objetivo es debatir el rechazo total del DNU 70/2023, una de las normas más importantes de la primera etapa del gobierno de Milei.

Frente a esa posibilidad, Ravier enumeró algunos de los efectos que, según la Casa Rosada, produjo el decreto desde su entrada en vigencia.

Uno de los casos mencionados fue el mercado de alquileres. El vocero sostuvo que la derogación de la regulación anterior permitió que propietarios e inquilinos recuperaran mayor margen para acordar las condiciones de los contratos y aseguró que, desde entonces, se produjo una baja de los precios en términos reales y un crecimiento considerable de la oferta.

De acuerdo con los números difundidos por el Gobierno, los valores reales de los alquileres habrían descendido un 38% y la cantidad de propiedades disponibles se habría multiplicado por cuatro.

El funcionario también puso el foco en el comercio exterior. En ese punto recordó que hasta 2023 funcionaba el Sistema de Importaciones de la República Argentina, conocido como SIRA, y señaló que el Ejecutivo avanzó hacia un esquema con menores restricciones para importar y exportar.

Dentro de ese mismo paquete de reformas, Ravier destacó la eliminación de la Ley de Góndolas, los cambios vinculados a la política de Cielos Abiertos y la incorporación de nuevos prestadores y tecnologías dentro del mercado de las comunicaciones, entre ellas los servicios satelitales.

La salud también formó parte de la exposición oficial. El vocero afirmó que los precios de productos medicinales registraron una baja del 19% y mencionó además la desregulación de mecanismos para elegir obra social y distintos cambios sobre el funcionamiento de las prepagas.

A ese conjunto de modificaciones sumó la eliminación de la cédula azul y otras medidas incluidas dentro del esquema desregulatorio que el Gobierno considera central para su modelo económico.

En ese marco, Ravier cuestionó directamente a los diputados que impulsan la derogación.

"Significaría un retroceso hacia un pasado calamitoso y al que la mayoría de los argentinos no quiere volver", sostuvo.

Desde la mirada del Gobierno, la caída del decreto podría generar una vuelta a regulaciones sobre alquileres, comercio, salud y otras actividades privadas. La Casa Rosada sostiene que ese escenario aumentaría nuevamente la intervención estatal sobre decisiones que actualmente quedan en manos de particulares y empresas.

"Es pedirle permiso al Estado o competir en libertad", planteó Ravier al resumir la discusión.

La pulseada ahora se traslada al Congreso. Para poder habilitar el tratamiento en la Cámara de Diputados, la oposición necesita reunir al menos 129 legisladores y, por el momento, el escenario aparece ajustado.

Los bloques críticos al Gobierno contarían con alrededor de 120 votos, con Unión por la Patria como principal fuerza opositora, acompañada por sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y la izquierda.

Uno de los puntos centrales será observar qué postura adoptan los diputados que todavía no definieron su voto y, especialmente, cómo inciden las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores.

En ese intercambio aparecen reclamos por obra pública y por una mayor distribución de Aportes del Tesoro Nacional. Esos fondos se convirtieron en uno de los principales instrumentos de negociación entre el Ejecutivo y las provincias y podrían influir en el resultado final de la sesión.

El antecedente del Senado genera además preocupación dentro del oficialismo. La Cámara alta ya rechazó el DNU en 2024 y, si Diputados avanzara ahora en el mismo sentido, el Gobierno quedaría frente a un revés político significativo sobre una de las principales banderas de su gestión.

El decreto 70/2023 fue presentado desde el comienzo como uno de los pilares del programa de desregulación económica del Ejecutivo y funcionó además como antecedente para reformas posteriores incluidas en la Ley Bases.

Por eso, su posible derogación no tendría solamente un efecto legislativo. También abriría una nueva disputa política entre oficialismo y oposición respecto de cuál debe ser el rol del Estado en la economía y hasta dónde pueden llegar las regulaciones sobre la actividad privada.

Mientras la oposición intenta reunir los votos necesarios para llevar el debate al recinto, el Gobierno busca cerrar filas y advertir sobre las consecuencias que, según su visión, tendría volver a poner en vigencia parte del esquema normativo anterior.

La discusión quedará concentrada ahora en la sesión del 15 de octubre, donde el oficialismo intentará sostener una de las normas más representativas de su programa económico y la oposición buscará dar un nuevo golpe legislativo a la administración de Milei.