El Gobierno nacional rechazó de manera categórica la guía oficial publicada por el Reino Unido para respaldar a las empresas que operan en las Islas Malvinas y advirtió que profundizará las medidas punitivas contra aquellas compañías que desarrollen actividades en el archipiélago sin autorización de la Argentina. Desde la Cancillería sostuvieron que la legislación nacional se seguirá aplicando "con todo su rigor" y negaron que Londres pueda dejarla sin efecto mediante decisiones unilaterales.

La respuesta oficial surge luego de que el gobierno británico difundiera el documento titulado "Doing Business with the Falkland Islands", en el cual sostiene que la Argentina carece de jurisdicción sobre las empresas que operan en la zona y ofrece respaldo legal e institucional ante posibles reclamos de Buenos Aires. Ante esto, el Ejecutivo ratificó la plena vigencia de las leyes 26.659 y 26.915 sobre hidrocarburos, respaldadas ahora por el Decreto 868/2026, y sentenció: "Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino".

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Londres publicó un documento oficial para respaldar a las empresas que operan en el archipiélago y rechazar la jurisdicción argentina. Por su parte, la Casa Rosada confirmó que ampliará las denuncias judiciales y prepara un nuevo proyecto de ley.

Para demostrar el alcance de la estrategia oficial, la Cancillería detalló el estado de las acciones legales y administrativas en curso:

• Advertencias internacionales: Se enviaron cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países vinculadas con la actividad en las islas.
  
• Procesos y denuncias: Existen 60 procedimientos administrativos en curso y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ya formalizó tres denuncias penales que involucran a 10 empresas y a sus directivos.
  
• Convocatoria de embajadores: El Ejecutivo citó a los representantes diplomáticos del Reino Unido, Irlanda del Norte e Israel para transmitirles objeciones formales, poniendo especial foco en el proyecto petrolero Sea Lion y en las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

La estrategia de la Casa Rosada busca presuntar no sólo sobre las operadoras directas en el archipiélago, sino también sobre contratistas, financistas, aseguradoras y proveedores internacionales. En este marco, el Gobierno invocó la Resolución 31/49 de la ONU contra modificaciones unilaterales y ratificó su disposición a retomar las negociaciones bilaterales de soberanía, en paralelo a la profundización de los controles y sanciones económicas.