En busca de la verdad
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A raíz de una denuncia del canciller Pablo Quirno, el fiscal federal requirió la apertura de instrucción ante el juzgado de Ariel Lijo. La causa apunta a determinar responsabilidades por la explotación de hidrocarburos sin autorización en la plataforma continental y contempla exhortos internacionales al Reino Unido.
El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó una investigación penal contra la petrolera británica Desire Petroleum Limited por la presunta realización de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en áreas de la Plataforma Continental Argentina próximas a las Islas Malvinas.
La actuación se originó a partir de una denuncia formal presentada por el canciller Pablo Quirno y abarca tanto a sociedades vinculadas como a las personas físicas que hayan intervenido en su beneficio. El requerimiento de instrucción fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, subrogado por Ariel Lijo, donde tramita bajo el expediente CFP 4492/2026. En su dictamen, Stornelli delimitó que el objeto procesal principal será establecer la existencia de maniobras ilegales desde, al menos, el año 2012, vinculadas a licencias concedidas por autoridades británicas en el archipiélago.
La presentación de la Cancillería se sustenta en antecedentes administrativos previos, como la Resolución 130 de 2012 y la Resolución 457 de 2013 de la Secretaría de Energía, las cuales declararon clandestinas las actividades de la firma e inhabilitaron a la compañía por 20 años para operar en el país. Sin embargo, pese a las modificaciones en su estructura societaria y su relación con el Grupo Rockhopper, la empresa mantendría participaciones vigentes en diversas licencias hidrocarburíferas de la zona, como las áreas PL003, PL004 y PL005.
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La Cancillería ratificó la aplicación de la legislación nacional y el decreto de refuerzo contra las firmas que operan sin autorización argentina. Además, confirmó el envío de unas 180 notas de advertencia a nivel global, denuncias penales y la convocatoria a embajadores en medio de la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion.
La investigación se encuadra en la Ley 26.659, que prohíbe realizar o facilitar actividades petroleras sin habilitación nacional y prevé penas de prisión de entre 5 y 15 años. Asimismo, el fiscal no descartó calificar los hechos bajo otras figuras legales, incluyendo delitos contra el medio ambiente, infracciones aduaneras y posible lavado de activos provenientes de dichas operaciones.
Para avanzar en el esclarecimiento del caso, la fiscalía solicitó una batería de diligencias que incluye requerir a la Secretaría de Energía los expedientes originales de 2012 y 2013, pedir antecedentes a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Seguridad y a la Procuración del Tesoro, y librar un exhorto diplomático al Reino Unido mediante los mecanismos de cooperación penal para obtener la nómina completa de directivos, balances, información bancaria y datos societarios de Desire Petroleum y del Grupo Rockhopper desde 2012 a la fecha.
Esta causa forma parte de la estrategia integral anunciada por el Gobierno nacional en el marco de la política sobre Malvinas y recursos naturales, reforzada recientemente por el Decreto 868/2026 -que designó a la Cancillería como autoridad de aplicación- y las advertencias diplomáticas cursadas a distintos actores internacionales vinculados al sector energético.
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