Tras su paso por la mesa política en la Casa Rosada, los ministros confirmaron una visita al sur del país para este viernes. En paralelo, la administración de Javier Milei intensificó la ofensiva diplomática y judicial con sanciones contra otras 15 empresas que operan ilegalmente en el archipiélago.
En el marco de la estrategia oficial por la causa Malvinas, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajarán juntos este viernes a Tierra del Fuego para recorrer el predio donde se emplazará la Base Naval Integrada. El objetivo de la misión es supervisar los terrenos y acelerar los tiempos de ejecución de una obra clave para la geopolítica nacional.
La decisión fue ratificada este martes tras la participación de ambos funcionarios en la reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, un encuentro en el que también se delinearon los detalles del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuya presentación en la Cámara de Diputados está prevista para la próxima semana.
Durante el cónclave, Presti expuso los pormenores del proyecto que busca convertir a la zona en el polo logístico más importante del Atlántico Sur. Si bien el Ejecutivo ya reasignó US$142 millones del presupuesto nacional para poner en marcha los trabajos, las estimaciones globales oscilan entre los US$400 y US$500 millones.
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Con la presencia de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, la administración de Javier Milei delineó la estrategia legislativa para la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Además, busca blindar el Congreso ante una compleja sesión opositora prevista para este miércoles.
Ante este panorama, el presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice los fondos faltantes en el Presupuesto 2027. "Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida", destacó el vocero presidencial, Adrián Ravier.
En paralelo al despliegue en el sur, el Ejecutivo comunicó sanciones contra un nuevo grupo de 15 empresas internacionales que operan sin autorización en las Islas Malvinas, sumándose a las 45 notificaciones cursadas durante el fin de semana.
Esta ofensiva se articula con la denuncia penal presentada este lunes por Quirno junto al Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, dirigida contra firmas hidrocarburíferas como Navitas Petroleum y Eco (Atlantic) Oil & Gas, además de alcanzar a sus directores y representantes legales.
Desde el Gobierno remarcaron con firmeza la postura soberana: "La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía. Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas... son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país".