El Ejecutivo nacional incluirá dentro de la próxima Ley de Defensa de la Soberanía Nacional un marco regulatorio estricto para proteger la infraestructura crítica del país y fijar requisitos rigurosos a los proveedores que operen en sectores estratégicos, en sintonía con las exigencias geopolíticas de Estados Unidos frente a la expansión tecnológica de China.

La iniciativa -impulsada por la administración de Javier Milei como parte de su convergencia estratégica con la gestión de Donald Trump- no se limitará a casos puntuales ni a regiones específicas como Vaca Muerta o la controversia por el uso de equipos de Huawei en Neuquén, sino que abarcará de forma transversal a todas las áreas consideradas sensibles para el Estado, tales como energía, telecomunicaciones, transporte, finanzas y sector espacial. 

Para ello, el proyecto prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encargado de articular las políticas del área y dotar al Ejecutivo de facultades para responder ante amenazas de actores estatales o privados.

Este movimiento estratégico coincide con la visita al país de la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, tras sus encuentros bilaterales en Chile, y se complementa con un reacomodamiento presupuestario reciente destinado a fortalecer las capacidades de defensa, inteligencia y actividad espacial de la Argentina. Con esta herramienta, la Casa Rosada busca unificar estándares nacionales de ciberseguridad, blindar los suministros tecnológicos sensibles y profundizar la cooperación bilateral en plena competencia tecnológica global.