El Gobierno nacional analiza endurecer los controles sobre la tecnología utilizada en áreas consideradas estratégicas. Entre las opciones que están bajo estudio aparecen la identificación de determinadas redes y centros de datos como infraestructura crítica y la creación de nuevas condiciones de seguridad para las empresas que provean equipamiento o servicios en esos sistemas.

La discusión ganó fuerza en medio de la tensión entre Estados Unidos y China por la participación de Huawei en proyectos tecnológicos de Neuquén. Por el momento, sin embargo, desde la Casa Rosada aclaran que no existe una decisión oficial contra la compañía china.

El Ejecutivo reconoce además que no tiene facultades para dejar sin efecto de manera directa una contratación realizada por la Cooperativa CALF, aunque sí estudia avanzar sobre un marco general que alcance a infraestructuras consideradas sensibles. Mientras la Secretaría Legal y Técnica interviene en los aspectos normativos vinculados con infraestructura crítica, las áreas especializadas de la Jefatura de Gabinete trabajan sobre los protocolos de ciberseguridad.

CALF es una cooperativa neuquina y sus decisiones comerciales no dependen de Nación. Sin embargo, su empresa Calfibra brinda servicios de telecomunicaciones mediante una licencia nacional, por lo que se encuentra alcanzada por la regulación federal del sector.

Actualmente, la normativa argentina ya considera a la energía y a las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de los sectores de infraestructura crítica. La legislación contempla dentro de esa categoría a aquellas instalaciones o servicios cuya interrupción pueda generar consecuencias importantes sobre la seguridad, la economía, la defensa o el funcionamiento del Estado.

De todos modos, esa definición no implica que cada servidor, red o centro de datos del país sea automáticamente considerado crítico. La estrategia oficial de ciberseguridad plantea avanzar en una identificación más precisa de las instalaciones estratégicas y establecer mayores obligaciones para quienes las administran.

El Gobierno también cuenta con el Centro Nacional de Ciberseguridad, organismo encargado de definir infraestructuras críticas de información y promover estándares destinados a reducir vulnerabilidades. Entre sus facultades se encuentra además la posibilidad de intervenir sobre redes de telecomunicaciones y realizar evaluaciones de seguridad.

Otra de las alternativas que se analiza es establecer requisitos para determinar qué empresas pueden ser consideradas "proveedores confiables" en determinados sistemas. Aún no está resuelto si ese esquema funcionará mediante una lista de compañías, distintos niveles de riesgo o condiciones técnicas obligatorias.

Estados Unidos aparece como uno de los modelos observados por el Ejecutivo. Allí, la Comisión Federal de Comunicaciones mantiene un registro de compañías y equipamientos considerados riesgosos para la seguridad nacional, entre ellos Huawei y ZTE. Europa también implementó mecanismos similares y avanzó con restricciones sobre proveedores considerados de alto riesgo en determinadas redes.

El debate local se profundizó por la relación entre CALF y Huawei. La cooperativa mantiene desde 2024 un acuerdo para incorporar tecnología de la empresa china a su red de fibra óptica y este año representantes de la entidad viajaron a Shenzhen para analizar proyectos vinculados con conectividad, redes eléctricas inteligentes y videovigilancia.

Además, CALF desarrolla un centro de datos Tier III en el Polo Tecnológico de Neuquén. La cooperativa sostiene que trabaja con diferentes fabricantes y que, además de tecnología de Huawei, utiliza equipamiento de otras compañías internacionales.

La relación provocó cuestionamientos de Washington. Funcionarios estadounidenses calificaron a Huawei y otras empresas chinas como proveedores de "alto riesgo" y reclamaron avanzar hacia compañías consideradas confiables para instalaciones estratégicas.

China rechazó esas acusaciones y defendió a Huawei. A través de comunicados oficiales, Beijing cuestionó la presión estadounidense y aseguró que la compañía cumple estándares internacionales de ciberseguridad y está dispuesta a someterse a controles externos.

Mientras continúa la disputa diplomática, el Gobierno argentino mantiene abiertas distintas alternativas regulatorias, aunque hasta ahora no existe una definición sobre restricciones específicas contra Huawei ni contra otros proveedores tecnológicos.