La Cámara de Diputados debate esta noche el proyecto de ley de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno, una iniciativa clave con la que busca ampliar de forma masiva el universo de contribuyentes que pueden adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. 

La propuesta modifica aspectos centrales de la ley 27.799 al permitir que la totalidad de las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país opten por esta modalidad sin ningún tipo de tope de ingresos o patrimonio, un requisito que hasta ahora limitaba el acceso a quienes registraban ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. En paralelo, el texto extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

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Con el respaldo de sus aliados, La Libertad Avanza se impuso en el recinto tras una votación que arrojó 144 sufragios a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, tras frenar previamente los intentos de la oposición por debatir alivios para familias endeudadas.

El proyecto también preserva las herramientas de control del Estado: se mantienen intactas las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria. 

En este marco, el dictamen redefinen el concepto de "discrepancia significativa" -el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada-, estableciendo que esta se configurará únicamente cuando la revisión arroje un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado originalmente. 

Asimismo, la normativa exige que quienes adhieran operen exclusivamente a través del sistema financiero formal con medios autorizados por el BCRA o la CNV, e incluye una reducción del 25% en las multas por infracciones formales destinadas a las PyMEs.